LA NACION     Lunes 30 de enero de 2012 | 07:33

 

¿Creó Alemania la crisis en la eurozona?

¿A quién se debe culpar por comenzar la actual crisis en la eurozona? ¿Grecia? ¿Italia? La respuesta, más bien, puede estar un poco más al norte 

 

Foto: AP 

No fue el comportamiento de los miembros del sur de la eurozona el que dejó a la moneda común al borde del abismo.

Desde el principio hubo una forma para que la Unión Europea vigilara las economías de los estados miembros, siguiendo las reglas establecidas para la moneda común en el Tratado de Maastricht.

Se le llamó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y no fue ni Italia ni Grecia el que lo torpedeó. Fue Alemania.

En 2003, Francia y Alemania habían gastado de más y sus déficits presupuestarios habían excedido el límite del 3% del Producto Interno Bruto al cual estaban atados legalmente.

EL PODER DEL VOTO

La Comisión Europea -entonces bajo el mando del exprimer ministro italiano Romano Prodi- tenía el poder para multarlos.

Pero los ministros de finanzas de lo que entonces era una eurozona de 15 miembros se reunieron en Bruselas y rechazaron el voto de la Comisión.

Votaron, en otras palabras, para absolver a Alemania y Francia.

Votaron a favor de no hacer cumplir las reglas que habían suscrito y que estaban diseñadas para proteger la estabilidad de la moneda común.

El entonces ministro de finanzas británico, Gordon Brown, votó de acuerdo con la posición alemana y francesa.

La Unión Europea es criticada con frecuencia por el poder que tiene una Comisión Europea que no es elegida y supuestamente no tiene que rendir cuentas.

En esa ocasión vital, la Comisión luchó contra algo mucho más poderoso: la voluntad combinada de gobiernos elegidos democráticamente.

“Claramente”, me dijo Romano Prodi, “no tenía suficiente poder”.

“Traté y ellos (los ministros de finanzas) me dijeron que me callara”.

Jacques Lafitte fue un joven funcionario del ministerio de finanzas de Francia enviado a Bruselas en los años 90 para ayudar a diseñar la moneda común.

Dijo que los tecnócratas que trabajaban en el proyecto sabían que se necesitaba algún mecanismo central para asegurar que los gobiernos miembros cumplieran las reglas.

“Hicimos en ese entonces una serie de sugerencias a los estados miembros”, dijo Lafitte.

“Pero todas fueron rechazadas porque habrían conllevado la transferencia de soberanía de los gobiernos nacionales a Bruselas o tal vez a Fráncfort”.

“Lo sabíamos en el fondo. Otra vez no podíamos decirlo tan públicamente”.

“Éramos simplemente unos tecnócratas. Debíamos callarnos y escuchar a los estados miembros que, casi por definición, sabían cómo hacer las cosas mejor. Estaba convencido de que no era suficiente”.

MAASTRICHT, “GRAVEMENTE PERJUDICADA”

John Grant era el embajador de Reino Unido ante la Unión Europea durante la reunión de ministros de finanzas.

“La credibilidad de la Comisión y la disposición de los estados miembros a aceptar la autoridad de la Comisión como la responsable independiente de asegurar el cumplimiento de los criterios de Maastricht se vieron obviamente perjudicadas gravemente”, dice.

Fue también una señal para el resto de Europa.

“La opinión era que si los chicos grandes no cumplían ni se disciplinaban, entonces iban a estar más relajados cuando se trataba de hacer que nosotros cumpliéramos con el tratado”, recuerda el exviceministro de finanzas de Grecia, Peter Doukas.

“Digo, nadie puede imponerles sanciones a Alemania y a Francia. Son los superpoderes europeos. Así que no van a cumplir”.

“La presión estaba simplemente ausente”, añade Doukas.

El poder que retuvieron las naciones para controlar sus propios presupuestos -que, como sabemos, incluye el poder para maquillar las cifras en algunos casos- está siendo retirado.

En el futuro, los gobiernos de la eurozona tendrán que presentarle a Bruselas su presupuesto a priori para que sea aprobado.

¿Pero cuánto tiempo antes de que las poblaciones nacionales se subleven en nombre de la democracia?

“MAYOR INFLUENCIA”

 

 

 

Desde Helsinki a Atenas ya se está agitando la revuelta y a veces incluye manifestaciones antialemanas.

“Alemania es la locomotora del dolor para los problemas de otras personas”, dice Peter Doukas.

“Pedirá una mayor influencia en lo que está pasando en Grecia, Italia y España”.

“El centro de gravedad se está moviendo rápidamente hacia Berlín”.

“En la unión fiscal serán los que dicten los términos, con Francia como su socio menor”.

La resonancia histórica de una poderosa Alemania que demuestra su peso en Europa asusta a los mismos alemanes. Ellos no buscan ni quieren el liderazgo en Europa.

Pero se les ha encargado la labor de ser líderes.

PODER VS. INACTIVIDAD

En noviembre, en un poderoso discurso en Berlín, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radislav Sikorski, les pidió a los alemanes que actuaran.

“Probablemente seré el primer ministro de Relaciones Exteriores de Polonia en la historia que dice esto, pero aquí está”, dijo Sikorski.

“Me da menos miedo el poder alemán que el miedo que estoy empezando a sentir por la inactividad alemana”.

Fue como si estuviera diciendo “ya superamos la pesadilla nazi; ustedes también deberían hacerlo”.

La paradoja resultante es esta: que un proceso que fue motivado hace 20 años por un deseo de europeizar a Alemania parece que va a tener justo el efecto contrario.

Buena parte de Europa ahora estará obligada a germanizar su gobernabilidad económica..

 

 

 

pagina12EL PAIS › LA JUSTICIA ARGENTINA REQUIRIO INFORMACION A ESPAÑA SOBRE LOS CRIMENES DEL FRANQUISMO

Un atajo para luchar contra la impunidad

A partir de la denuncia de víctimas de la dictadura de Franco, la jueza Servini de Cubría pidió a España datos para iniciar la causa. El principio de justicia universal lo aplicó el español Baltasar Garzón para investigar a las dictaduras latinoamericanas.

La Justicia argentina empieza a investigar los crímenes del franquismo. La jueza María Servini de Cubría pidió nombres y domicilios de los militares vivos involucrados en el gobierno fascista, una lista con las empresas que se enriquecieron a costa del régimen e información sobre la cantidad de desaparecidos, fusilados y niños apropiados entre 1936 y 1977, año en que murió el dictador Francisco Franco. El requerimiento se enmarca en la causa iniciada por víctimas y familiares de fusilados y desaparecidos radicados en Argentina, que denuncian al Estado español, basados en principios de justicia universal. Fue a través de esos mismos términos internacionales que el juez Baltasar Garzón logró abrir investigaciones sobre los delitos cometidos en las dictaduras argentina y chilena y detener a Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. En ese momento, la intervención judicial significó un enorme aporte a las causas de los organismos de derechos humanos de los dos estados americanos.

Mientras en España temen por el silenciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el mandato de Francisco Franco, la jueza federal argentina rechazó una presentación del país europeo que sostiene que puertas adentro se investigan esos delitos y solicitó medidas probatorias concretas.

Pero lo que se hace hacia afuera, no se replica hacia adentro. Mientras desde el extranjero Garzón es aplaudido, en España lo espera un juicio que le inició el mismo Estado por haberse declarado competente para investigar los crímenes cometidos por La Falange, el partido que encabezaba Franco. “Yo actué como juez interpretando las normas nacionales e internacionales, como en otros casos”, dijo en declaraciones radiales recientes. Lo que pasa, en su opinión, es que “el franquismo en España todavía está vivo”.

En ese marco, organismos de derechos humanos españoles manifestaron que temen que, con la llegada de la derecha al poder, de la mano del jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, se retroceda en los derechos adquiridos. “Existe un peligro de regresión, porque la crisis económica es la excusa para que caigan las ayudas que recibimos”, apuntó Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos, referente de la asociación Memoria Viva. En julio último, además, el Parlamento español ratificó la Ley de Amnistía vigente desde 1977, que bloquea el procesamiento de los militares involucrados.

Por eso, para Garzón es “complicado” que otro juez español investigue los crímenes de la dictadura franquista. Paradójicamente, en ese contexto, la Fiscalía General del Reino de España realizó un informe, a pedido de Cubría, destinado a responder si España investiga los crímenes del franquismo. La respuesta fue que “se han tramitado y se están tramitando numerosos procedimientos judiciales”. Algunas de las causas en curso citadas por la autoridad española se referían a los procesos desprendidos de las acciones de Garzón. “Esas causas se archivan automáticamente por prescripción o por una cuestión de competencia, ya que los jueces buscan que se haga cargo el Tribunal Superior de España”, explicó el abogado querellante Máximo Castex.

Con el exhorto de ayer, Servini de Cubría derrumbó la endeble torre de argumentos. Solicitó los “nombres y últimos domicilios conocidos de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de La Falange” que actuaron durante el franquismo –comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977– con la “certificación de los que hayan fallecido”.

Además, pidió el número de personas desaparecidas, con sus nombres completos, y la fecha y el lugar de sus desapariciones; la cantidad de personas asesinadas y torturas por “persecución política”; y la cifra de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituida por familias afectadas a la dictadura. Las agrupaciones que luchan por la memoria aseguran que son al menos 30 mil los bebés robados.

También se requiere informes sobre las fosas comunes encontradas, la cantidad de cuerpos recuperados a la fecha y la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas. Para Castex, ese último punto del exhorto librado el 13 de diciembre último es fundamental. “Con las enormes distancias y diferencias, puede tener las repercusiones que acá tiene el tema de (la empresa que durante la dictadura militar pasó a manos del Grupo Clarín) Papel Prensa.”

Todas las medidas pedidas por Servini de Cubría corresponden a las peticiones solicitadas por el equipo de abogados de los familiares o españoles radicados en Argentina. En su última presentación, el 25 de noviembre último, la querella solicitó además que la jueza se constituya en la embajada nacional en España para recibir en persona nuevas denuncias y testimonios de víctimas. La magistrada podría dar lugar a este pedido una vez que recabe los datos solicitados.

“Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia –sostienen los abogados argentinos en el último documento entregado a Cubría–, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad (si no que) no hay un solo niño a quien se le haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos.”

Informe: Rocío Magnani.

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EL MUNDO › ESCENARIO

No somos estúpidos

 

Por Santiago O’Donnell

Hasta hace tres semanas Marta Dassù era directora general de Actividades Internacionales de Aspen Institute Italia, un influyente centro de estudios internacionales con sede en Washington, financiado por las fundaciones estadounidenses Ford, Carnegie y Rockefeller. Desde entonces Dassù se desempeña como viceministra de Asuntos Exteriores de Italia, su primer cargo en la función pública. Integra un gobierno de técnicos formado para salir de la crisis económica y social que golpea a la península itálica y sus vecinos del Mediterráneo. Llega a la Argentina para representar a su país en la reasunción de Cristina Kirchner. Horas antes, los países europeos (menos Gran Bretaña) aprobaron un pacto fiscal que implica un duro ajuste a nivel continental. Dassù quiere hablar de eso. Para el gobierno de Monti se trata de un paso adelante. De la relación con Argentina prefiere no decir mucho porque acaba de asumir y no se considera una experta en la región. La cita es en la residencia del embajador, en Billinghurst y Libertador. “La idea es mostrar que el gobierno de Monti ya está activo y trabajando y que es un actor importante en Bruselas”, me explican. La entrevista, de tono amable, no dura más de media hora. Sabe que no la tiene fácil. Algunas preguntas parecen incomodarla, al punto de que cree necesario hacer una aclaración: “No somos estúpidos”.

–¿Cuál es su evaluación de la situación en Europa?

–Primero déjeme decirle lo que dijo el primer ministro (Mario) Monti, que además es uno de los expertos más reconocidos sobre los temas del continente (fue funcionario del Banco Central Europeo). Sobre los resultados de la cumbre dijo que era un buen paso adelante porque la Unión Europea se está convirtiendo en una unión fiscal, lo cual significa que tendremos una política fiscal unificada a nivel europeo y que fortalecemos la unión monetaria. Pero Monti estaba un poco decepcionado también porque una de las iniciativas que quería lograr era mantener al Reino Unido adentro del pacto, pero al final fue imposible. Como sabe, el Reino Unido decidió no firmar este acuerdo que será un acuerdo intergubernamental, con metas a corto plazo, a ser alcanzadas en marzo próximo. Este es el componente fiscal del problema. Después tenemos el problema del blindaje. como lo llamamos, el problema del manejo de la crisis de la deuda y respecto de este punto, tomamos algunas decisiones. Por ejemplo, permitir que el nuevo mecanismo de intercambio entre la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional entre en vigor antes de lo pronosticado, el próximo julio, por la emergencia. Transferimos dinero al FMI para que el Banco Central Europeo actúe como agente del programa de ayuda para Europa que ya está funcionando. Así que no fue una solución muy radical porque el Banco Central Europeo no se convirtió en prestamista de última instancia, pero es un paso adelante.

–¿Ustedes prefieren que el Banco Central Europeo cumpla ese rol?

–Sí, es mi opinión. Monti, no sé. Hay muchas opiniones en Europa. Lo importante es que el gobierno italiano está a favor de instrumentos como los eurobonos y la puerta quedó abierta para decisiones a futuro en esta dirección.

–También hay muchas opiniones que indican que Europa está repitiendo los errores cometidos por los gobiernos neoliberales de Latinoamérica durante las crisis de los ’90.

–Primero, la Unión Europea es única. Yo sé que tuvieron una experiencia a nivel nacional, pero es una historia completamente distinta cuando se tienen 17 países con una misma moneda y una corta historia por detrás. Por eso se pudo ver que la reacción inicial a la crisis griega fue tentativa, y en un punto tardía. Pero ahora la Unión Europea está volviendo a los fundamentals, a mi modo de ver, en un terreno más seguro. Por ejemplo, una de las decisiones más importantes que se tomó ayer fue con respecto al involucramiento del sector privado, que en el caso griego tuvo que hacerse cargo de parte de la deuda. Ayer se decidió que el caso griego fue una excepción, que la decisión inicial del sector privado de pagar parte de la deuda fue contraproducente. Es demasiado fácil criticar a la Unión Europea, una organización innovadora y dedicada que por ensayo y error va experimentando algo nuevo. Estoy segura de que el euro va a persistir, seguir vivo, no pienso que vaya a colapsar y después de ayer (por anteayer) estoy más segura.

–Las metas fiscales acordadas demandan ajustes que llevan a una caída en la actividad económica, que genera menos recaudación, que a su vez genera más déficit, que provoca nuevos ajustes, que generan más recesión, que produce protestas y descontento social. ¿Cómo se rompe el ciclo?

–Nos damos cuenta de dos problemas: el problema fiscal y recomenzar el crecimiento. No podemos ir sólo con la disciplina fiscal como hicimos ayer que dimos un paso adelante en ese frente, tenemos que subrayar el problema de crecimiento. Era importante darle a Alemania la señal de que los países mediterráneos retomaron el camino de la disciplina fiscal, pero entre todos y a nivel nacional actuaremos en el tema del crecimiento con distintos instrumentos.

–Críticos como Stiglitz opinan que Europa se está suicidando con su receta monetarista.

–Es muy fácil juzgar desde afuera. Pero nunca existió una unión monetaria como la europea. Entonces nosotros nos infectamos con la crisis financiera. Italia tenía una deuda alta desde los años ’80 y como dije antes, la disciplina fiscal no alcanza. Mi opinión es que no podés evitarla, pero hay que combinarla con políticas expansivas a nivel europeo.

–¿Políticas expansivas? Acaban de aprobar un megaajuste.

–Se puede reducir el presupuesto al nivel nacional, pero puede haber eurobonos, bonos de inversión a nivel europeo. Es nuestra posición. El Consejo Europeo no cerró su posición respecto de estos instrumentos y los estaremos discutiendo en el futuro cercano.

–¿Cómo se va a reactivar la economía a través de los eurobonos?

–Yo no soy un experta. No soy el ministro de Economía. Soy la viceministra de Exteriores. Sé que hay críticas, pero la disciplina fiscal es imprescindible para armar unión fiscal, que es un paso importante. Está claro que necesitamos crecer. No necesitamos que Stiglitz nos lo recuerde. Lo que no acepto es que después de mirar a la Unión Europea como un espejo de repente todo el mundo puede decirnos lo que tenemos que hacer. No somos estúpidos. Podemos ver la situación y tratamos de hacer lo mejor. Está claro que hace falta crecer, pero no me preguntes por los instrumentos. (Se ríe. El embajador avisa que hay tiempo para una última pregunta.)

–Monti se describió como un técnico y no un político. Aunque tiene apoyo parlamentario, ningún partido quiso aportar ministros a su gabinete. ¿No va a ser difícil pasar el ajuste sin la mediación de los políticos?

–Tenemos un gobierno apoyado por una muy fuerte mayoría parlamentaria, por lo menos hasta ahora, y confiamos en mantener a esta mayoría hasta el final del mandato de esta Legislatura en el 2013. Monti y el ministro de Trabajo están perfectamente capacitados para manejar el gobierno. Sus carreras no son de políticos profesionales, pero son muy inteligentes y muy hábiles y están sobradamente capacitados para implementar las reformas que estamos intentando por primera vez en mucho tiempo, como la reforma jubilatoria. Ciertamente tendremos protesta social, esto es claro, pero estoy segura de que Monti será capaz de manejar eso. Empieza con un apoyo público muy importante, al mismo tiempo que los partidos políticos tradicionales tienen un apoyo muy bajo.

–Daría la impresión de que son los trabajadores griegos e italianos los que pagan el precio de la crisis, mientras los bancos franceses y alemanes que la generaron reciben salvatajes.

–No voy a contestar esa pregunta. (Se ríe.) La entrevista se terminó. (Más risas. Los funcionarios de la embajada presentes se levantan de sus asientos, dando por terminada la conversación.)

sodonnell@pagina12.com.ar

 

 

SOCIEDAD › LA QUERELLA EN ARGENTINA POR CRIMENES DE LA GUERRA CIVIL

Por la memoria en España

Exiliados y sus descendientes argentinos movilizan la investigación por los 113.000 desaparecidos y los 30.000 niños apropiados durante la guerra. Y que Servini se instale en la embajada en Madrid a interrogar testigos.

El régimen franquista se apropió de treinta mil niños. Chicos vueltos grandes, hoy abuelos que llevan un apellido impropio, una historia trunca. Ni hablar de las cifras de españoles fusilados, enterrados en fosas comunes y anónimas. España calla pero, contra la impunidad de esos crímenes, avanza una demanda impulsada desde Argentina. Esta semana, los querellantes –españoles radicados aquí y argentinos descendientes de las víctimas– pidieron a la jueza federal María Servini de Cubría que cruce el charco y “se constituya en la embajada argentina en España” para recibir denuncias y testimonios de víctimas. Además, sus abogados rechazaron, punto a punto, los argumentos de la Fiscalía General española que asegura que en ese país se “han tramitado y se están tramitando” los procedimientos judiciales en ese sentido.

“Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad a modo de las que se instituyeron en numerosos países, incluido el nuestro, (si no que) no hay un solo niño a quien se haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos”, argumenta el texto entregado por los denunciantes a la jueza, y al que tuvo acceso Página/12.

Entonces, señala el mismo documento, “corresponde” que la jurisdicción argentina investigue los delitos contra la humanidad ocurridos entre 1936 y 1977, procese a sus responsables y repare a las víctimas “de tanto crimen impune”. “Lo que solicitamos en esta última presentación son, ya no medidas probatorias, sino acciones concretas referidas a los querellantes y al pueblo español en sí”, explicó Máximo Castex, uno de los abogados del equipo de letrados que representa a los denunciantes. En esa línea, se instó a Servini de Cubría a que se traslade y reciba en la embajada nacional localizada en Madrid los testimonios y denuncias de víctimas.

La querella es acompañada entre otros organismos de derechos humanos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica e inició la demanda el 14 de abril de 2010. La causa se basa en los mismos principios de derecho universal que permitieron al juez español Baltasar Garzón juzgar las dictaduras de Argentina y Chile, e incluso detener en 1998 a Augusto Pinochet. El primer paso de los letrados argentinos fue pedir a España explicaciones, es decir, preguntar si en ese país “se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar a españoles, a través de su eliminación física, la desaparición ‘legalizada’ de menores de edad con pérdida de su identidad, entre 1936 y 1977”.

La respuesta enviada por la Fiscalía General española hace pocos meses destaca en el punto número 1 de sus conclusiones que “en España se han tramitado y se están tramitando en la actualidad numerosos procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura, tanto en la eliminación física de los ciudadanos partidarios de la República y de la forma democrática de gobierno, como la desaparición de menores”.

Sin embargo, las causas abiertas a las que se refieren las autoridades judiciales españolas “están paralizadas o archivadas”, puntualiza Castex, y detalla que además provienen “de la causa madre iniciada por Garzón”, que fue procesado y suspendido en su cargo por haber dado lugar al enjuiciamiento del franquismo. “Es absurdo –dispara– que se lo procese a Garzón por haber investigado y después se utilice su causa para decir que España está haciendo justicia.”

En tanto, “hay 113.000 cuerpos desaparecidos, 30.000 niños secuestrados, 2500 fosas sin abrir en las que se acumulan los cuerpos a montones”, contó a este diario Darío Rivas, de 91 años, cuyo padre murió fusilado por oficiales de La Falange en 1936, y es uno de los querellantes en esta causa. La fiscalía española asegura que están en curso “un importante número de supuestos de sustracciones o entregas ilegales de menores”, pero “no mencionan un solo tribunal actuante en esa línea de investigación, de lo cual se deduce sin dificultad que no existe ninguno”, responden los abogados argentinos.

Párrafo aparte, Castex critica que “queda a las claras que si realmente existiera voluntad de investigación, en vez de alegar que ‘ninguno de los denunciantes que presentó causas desde Argentina lo había hecho en España’, lo que tendrían que haber hecho (los fiscales españoles) es iniciar de oficio la investigación, como corresponde”.

Ese desinterés judicial se profundiza en el plano político. En julio último, el Congreso español rechazó una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego que buscaba derogar la Ley de Amnistía española de 1977 para posibilitar la investigación de los crímenes de la dictadura franquista. Esa circunstancia, concluyen los abogados de la querella, “corrobora la falta de determinación y la imposibilidad de investigar por parte del Estado español”.

Informe: Rocío Magnani.

 

 

La viceministra de medio ambiente de Bolivia, Cintia Silva, anunció este miércoles que en enero de 2012 se pondrá en marcha un programa de apoyo a las áreas protegidas en ese país con un fondo de unos 15 millones de euros (20 millones 187 mil 621 dólares), financiados por la Unión Europea.

La autoridad explicó que inicialmente los esfuerzos estarán dirigidos a fortalecer a las patrullas de guardaparques, que no cuentan con los equipos necesarios para desarrollar las acciones de protección, control y monitoreo.

“Esa situación nos ha mostrado la debilidad del sistema de áreas protegidas, los mismos guardaparques se vienen quejando de sus salarios bajos, que no hay suficientes, que no tienen equipos, que sus vehículos están dañados; entonces va a haber un muy fuerte impulso en esa parte en el primer año”, argumentó Silva.

Añadió que el segundo paso es impulsar las actividades que promueven el manejo sostenible de los recursos naturales, dentro de las áreas protegidas con pleno respeto a las características y potencialidades de los ecosistemas.

“Tenemos 22 áreas protegidas y vamos a ver cuáles están en peor estado, cuáles vamos a priorizar primero”, remarcó.

Entretanto, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) le exigió a tres madereras privadas que operan en las selvas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) el cese de sus actividades de explotación.

El director de ABT, Clíver Rocha, precisó que se trata de las madereras Suri, Huanca Rodríguez e Isigo.

Esas empresas operaban en el Tipnis con maquinaria pesada. Además, instalaron campamentos y abrieron caminos para transportar grandes volúmenes de troncas hacia las ciudades de Trinidad (centro), La Paz (noroeste) y Cochabamba (centro).

Con base en un informe expedido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas sobre la situación legal de la otorgación de derechos, el gobierno de Evo Morales había suspendido el viernes último las licencias ambientales y turísticas de otros operadores privados en el Tipnis, así como de las compañías forestales, en virtud de la Ley Corta que declara la intangibilidad de esa región.

Las declaraciones de Rocha se registraron un día después de que Morales inspeccionara por aire y tierra el Tipnis, y denunciara rastros de explotación ilegal de recursos naturales por privados, reafirmara la calidad de intangibilidad de esta reserva natural y descartara, como “historia” pasada, la posibilidad de que una carretera cruce el parque enclavado en la Amazonia boliviana.

 

 

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