PAGINA12 SOCIEDAD › LA MAYORIA DE LAS MUJERES QUE IBAN A PROSTIBULOS DE MEXICO ERAN ARGENTINAS

Las pruebas de la red de trata

La denuncia publicada ayer por Página/12 fue ratificada ante distintos medios por la hija del ex agente de la SIDE. La organización regentea prostíbulos en Buenos Aires y en Cancún. La Justicia empezó a investigar.

Por Raúl Kollmann

La denuncia de Lorena Martins contra su padre, Raúl Martins, por trata de personas y cohecho respecto de jefes policiales y jefes del área de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recayó en la fiscalía que está a cargo de Gerardo Pollicita. El fiscal le debe requerir al juez Norberto Oyarbide la investigación de todos los nombres y montos de dinero que se pagaron como coimas, datos que Lorena pudo recabar en los últimos seis meses, en que tomó contacto con la organización de prostíbulos en Buenos Aires y Cancún, propiedad de su padre. Martins fue oficial de la SIDE durante 13 años y su hija ya declaró ante la Unidad Fiscal de Atención a los Secuestros Extorsivos (Ufase), especializada en trata de personas, que conduce Marcelo Colombo. Allí reveló cómo se llevaban a las chicas argentinas a México: “La mayoría de las chicas que estaban en The One, el único prostíbulo de la zona turística de Cancún, eran argentinas. Las llevaban allá y las quebraban. Algunas, muy pocas, eran brasileñas. La mayoría, argentinas”, contó ayer Lorena en Radio Del Plata.

No bien el fiscal requiera la instrucción del expediente, se presentará a declarar una mujer que trabajó con Martins, fue llevada a México y vivió todo el proceso que el ex agente de la SIDE denomina “quebrar a las chicas”. Les pagan el pasaje, les aseguran que serán modelos o recepcionistas, les prometen mucho dinero y cuando llegan a Cancún empiezan por quitarles el pasaporte, luego las dejan sin vivienda, las endeudan y de esa manera se hace la presión para que vayan ejerciendo distintos grados de prostitución. Al principio sólo en bailes, luego bailes con erotismo, el siguiente escalón es el sexo oral y finalmente “el pase” a la habitación. Impresiona ver las planillas en las que se habla de cada uno de esos servicios realizados por cada chica. Lorena las aportará a la causa judicial. También otras planillas en que se les deduce plata a las mujeres por multas: una de las fallas más graves es darle el teléfono a un cliente.

Raúl Martins vive actualmente en Cancún, pero Migraciones de ese país resolvió expulsarlo justamente por las acusaciones por trata de personas. Lorena declaró a la Justicia que su padre mantiene un estrecho vínculo con Los Zetas, un temible cártel de narcotraficantes. Y en las denuncias aparecidas en aquel país, políticos de distinto signo se acusaban entre sí por darle protección. Lo cierto es que Martins logró parar la expulsión presentando numerosas apelaciones a la Justicia y, según el diario Reforma, todavía rige una de esas apelaciones. Por esa razón, Martins no puede dejar México: en caso de hacerlo no podría reingresar.

La hija del dueño de los prostíbulos resolvió denunciarlo a raíz de que Martins abandonó a su familia –su esposa y tres hijos–, por lo cual Lorena decidió acercarse a la organización que lidera su padre y desde marzo pasado recabó datos sobre la forma de funcionamiento y ahora los presentó a la Justicia. Su abogado, el ex secretario del juez Juan José Galeano, Claudio Lifschitz, entregó un primer escrito a la Ufase y luego Lorena estuvo declarando durante varias horas. La decisión del fiscal Colombo fue enviar el expediente a la Cámara Federal, que procedió al sorteo de rigor y la causa quedó en manos de Oyarbide, quien conoció a Martins en 1999, hace ya 13 años. Habrá que ver si el magistrado da un paso al costado o si decide investigar él mismo. Por de pronto, Colombo ordenó que Lorena sea custodiada ya que, además, fue víctima de una tentativa de homicidio a fines de octubre.

En su primera declaración, a Lorena Martins no le pidieron ni dio detalles de los arreglos que los hombres de su padre en la Argentina mantienen con distintos comisarías y dependencias de la Policía Federal. Es que la Ufase se concentra en la investigación de trata de personas y no en el cohecho. Lo cierto es que Lorena dice que está dispuesta a aportar los nombres de los comisarios a los que se les pagaría, quién entrega el dinero y quién lo recibe. Asegura incluso que conoce los nombres de los jefes policiales que se negaron a entrar en el juego. No bien el fiscal Pollicita requiera la instrucción del expediente, la joven se presentará con esos datos y pruebas escritas.

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EL PAIS › A DOS AÑOS DE SU IMPLEMENTACION, 3,5 MILLONES DE CHICOS COBRAN LA ASIGNACION UNIVERSAL

Un plan para los pibes que llegó para quedarse

La cantidad de beneficiarios se redujo en 156.541 respecto del pico de mayo de 2010. 1.117.325 dejaron de cobrar porque los padres consiguieron empleo formal o no cumplían los requisitos, pero se incorporó a un millón de chicos nuevos.

Por David Cufré

La Asignación Universal por Hijo (AUH) cumplió en noviembre dos años desde su implementación. El programa nació con 3,3 millones de inscriptos, tuvo un pico de 3,7 millones en mayo de 2010 y el mes pasado se liquidaron 3,5 millones de beneficios. Aunque las cifras presentan variaciones menores, entre aquel techo y el nivel actual ocurrieron varios hechos significativos, que reflejan la vida propia que adquirió el sistema y su funcionamiento institucional. Por ejemplo, el padrón de niños y adolescentes cubiertos por la asignación registró un millón de incorporaciones, de las cuales 285 mil fueron gracias a que la Anses pudo depurar sus bases de datos hasta conectar a todos esos niños con sus padres, información que en un principio estaba dispersa y no permitía que esos menores accedieran a la ayuda estatal. Otros tantos dejaron de cobrar el beneficio por diversos motivos, entre los cuales el principal es que sus padres consiguieron empleo en la economía formal.

La otra razón que elevó la cifra de chicos alcanzados por la AUH fueron los nacimientos que ocurrieron en el período, bebés que la Anses detectó rápidamente e incorporó al sistema. Y una tercera causa fue la política de documentación masiva que lanzó el Gobierno a través de los nuevos DNI y campañas específicas de los ministerios del Interior y Desarrollo Social. Entre estos dos factores se contabilizan 736.128 altas en la asignación, a las que se agregan 284.656 por la identificación de hijos y padres explicada más arriba. En total, la suma arroja 1.020.784 nuevos anotados entre mayo de 2010 –cuando se alcanzó el máximo de beneficiarios, con 3.684.500– y el nivel actual –de 3.527.900 niños–.

Ese millón de adhesiones es el dato que presenta la Anses para responder a la crítica que lanzó un sector de la oposición cuando se creó la AUH y que sostiene hasta el día de hoy. Su argumento es que las condiciones impuestas para acceder son demasiado restrictivas y dejan afuera a chicos que deberían cobrar. Luego de dos años de funcionamiento, el organismo de la seguridad social asegura que el mecanismo es eficiente para captar a aquellos que merecen el subsidio y que en todo caso las correcciones que se pueden presentar son menores.

Pero si el padrón de la AUH se amplió en más de un millón de chicos y el número de beneficiarios actuales es menor en 156.000 al de hace un año y medio, hay otras razones que lo explican y también dan cuenta de las transformaciones que se van operando dentro del programa. La más notable es que 318.210 menores dejaron de cobrar ese plan porque sus padres empezaron a trabajar en la economía formal. Se convirtieron en empleados bajo relación de dependencia y pasaron a percibir las Asignaciones Familiares que liquida la propia Anses. La información es congruente con las tasas de empleo y desocupación registradas en el tercer trimestre. La primera llegó a su máximo desde 2003, con un 43,4 por ciento, mientras que el desempleo bajó hasta su mínimo desde 1990, a 7,2 por ciento. “Los padres de miles de niños que antes percibían la AUH ahora cobran las asignaciones en sus trabajos”, celebró la Anses, en un informe al que accedió Página/12.

En la misma línea, 90.144 chicos dejaron de cobrar la Asignación Universal por Hijo porque sus padres se inscribieron como monotributistas, lo que habla de un pasaje de la informalidad a algún grado de formalidad laboral. En el mismo documento se especifica que otros 285.205 menores de 18 años ya no perciben la AUH porque sus padres o tutores se convirtieron en jubilados o beneficiarios de pensiones no contributivas y el Gobierno estableció que aquel plan es incompatible con estas otras coberturas estatales. Lo mismo ocurrió con 164.263 chicos que accedieron a planes sociales liquidados por las provincias.

Hay otro grupo, de 134.725 chicos, que fueron dados de baja de la AUH porque sus padres no presentaron la libreta que acredita el cumplimiento de algunas de las condiciones impuestas para cobrar: la asistencia regular a clases y las vacunas obligatorias. Es decir, el 3,8 por ciento del total de inscriptos. El Gobierno justifica su rigurosidad en este punto porque sostiene que la AUH tuvo un impacto positivo en el aumento de la matrícula escolar y en los planes de vacunación, y que ésas son ganancias asociadas a la creación del beneficio que es conveniente preservar.

Más polémica es otra de las causas por las cuales se excluye a menores de 18 años del sistema: 164.263 quedaron de lado porque la Anses detectó que sus padres no encuadraban con algunos de los requisitos exigidos, como ser trabajadores informales y ganar menos del salario mínimo vital y móvil. La Anses realiza inspecciones permanentes para corroborar que se cumplan esas condiciones. También dentro de este grupo hay que computar a chicos que asisten a escuelas privadas que cobran cuotas mensuales superiores a los 100 pesos y por esa razón ya no pueden participar de la AUH (ver aparte).

En conclusión, entre el 1.020.784 altas y el 1.117.325 bajas, los beneficiarios actuales son 156.541 menos que en el pico de mayo de 2010. Son números que se van moviendo mes a mes y que evidencian que la AUH es un programa ya instalado que va ganando en profundidad. Esto también se refleja en el comportamiento mayoritario de quienes reciben ingresos por esta vía. Desde que entraron en vigencia las libretas donde los anotados en el sistema deben registrar la asistencia a clases y la aplicación de vacunas, 4.613.341 de ellas fueron presentadas ante la Anses. Eso liberó el pago del 20 por ciento que el organismo les retiene mes a mes hasta cumplir con ese trámite. Eso suma 1159 millones de pesos desde abril de 2010 hasta noviembre último, a razón de 523 pesos promedio por familia el mes pasado.

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CELAC

 

DECLARACION DE LA CONSTITUCION DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS

 

Primera vez del “Día del respeto a la Diversidad”

SOCIEDAD /  El próximo miércoles 12 de octubre, una fecha que tradicionalmente se la denominó en varios países latinoamericanos como “Día de la Raza”, dejará su lugar al “del Respeto a la Diversidad Cultural”, sacándole un contenido racista y eurocéntrico.
10.10.2011 | 16.17 |   FacebookTwitter

Por primera vez en nuestro país se celebrará el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.

El feriado “correspondiente al 12 de octubre será renombrado como Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, precisó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace un año cuando envió al Parlamento el proyecto de ley que fijaba 15 feriados nacionales, que concluyó siendo el decreto 1584 del 2 de noviembre de 2010.

Esta nueva denominación se inscribe dentro del espíritu del artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, entre otros derechos.

En Argentina la denominación Día de la Raza fue establecida por decreto del entonces presidente Hipólito Yrigoyen en 1916 como una reivindicación de la labor española en América, y buscando la reafirmación de la identidad hispanoamericana frente a Estados Unidos que avanzaba hacia el sur imponiendo su influencia en la región.

Para ese momento, España ya había establecido en 1913 la denominación de Día de la Raza, recordando con nostalgia su pasado imperial del que Latinoamérica se había liberado un siglo atrás, con el objetivo de afianzar lazos entre España y América latina. La mayoría de los países de la región adoptó ese nombre, durante las primeras décadas del siglo XX, identificado a la vez con la idea europeísta de “Descubrimiento de América”.

En la actualidad algunos países como México, Chile, Uruguay y Colombia, continúan con la misma denominación, en tanto Bolivia, Perú, Venezuela y Ecuador nombran a esa fecha de otro modo marcando un cambio en la mirada histórica e ideológica de la conquista y dominación española que se inició hace 519 años.

En este sentido, el Movimiento Indígena Latinoamericano declaró al 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena, y algunas organizaciones mencionan al 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos originarios.

Por su parte, en Cuba “no se celebra el 12 de octubre, sí el 10 de octubre porque fue el día que empezó la guerra de independencia contra España en 1868″, aseguraron fuentes de esa embajada.

En Venezuela se cambió la denominación en 2002 por medio de un decreto que establece conmemorar el 12 de octubre de cada año como “Día de la Resistencia Indígena”.

El objetivo es “reconocer nuestra autoafirmación americanista por la unidad y diversidad cultural y humana”, asegura el decreto presidencial, a la vez que establece “iniciar la revisión de los textos escolares” de geografía e historia.

En Bolivia, la embajada publicó en los últimos días que el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, informó que “la Comunidad Andina de Naciones (CAN) decidió que el 12 de octubre se declare `Día Continental de la Descolonización`, para impulsar un profundo proceso de cambio en todo el continente”, al tiempo que reivindicó la construcción del Estado Plurinacional.

En Perú, la fecha se celebra como el “Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural” establecido “por la ley 29421 del Congreso que promulgó el presidente Alan García” el 9 de octubre de 2009, aseguró la embajada a Télam.

En Ecuador se celebra el 12 de octubre bajo la denominación de “Día de las Culturas”, desde el año pasado.

Mientras tanto España, que buscó renovar y agiornar criterios sobre la conquista peninsular, acordó en 1992 celebrar los 500 años de la conquista bajo el lema de “Encuentro de Culturas”, buscando desdibujar su carácter violento e imperial.

Los pueblos originarios y muchos pensadores rechazaron la idea de “encuentro”, ya que volvía a “encubrirse” la historia de dominación, desestructuración, explotación y destrucción que llevó adelante la conquista y colonización de América, provocando el mayor genocidio de la historia.

Lejos de este cuestionamiento y de una reparación histórica, España reivindica aquella misión y coloca al 12 de octubre en un lugar central de sus celebraciones como “Fiesta Nacional de España”, desde 1987, luego de haberla instaurado como “Fiesta de la Raza” en 1918 y modificarla en 1958 por “Fiesta de la Hispanidad”, hasta tomar la denominación oficial actual.

 

 

Denunciarán a Calderón en La Haya por crímenes de lesa humanidad

Académicos y activistas advierten que a raíz de la guerra contra el narcotráfico que emprendió su gobierno “existe una constante violación” a los derechos de la población civil.

Víctor Ballinas
Publicado: 10/10/2011 14:01

 

México, DF. Abogados, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil denunciarán al presidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional, así como a sus altos mando militares y civiles, y también a los narcotraficantes que atacan a los mexicanos, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.Mañana martes juristas y defensores académicos darán a conocer la denuncia contra Calderón debido a que “declaró el inició de una guerra contra el narcotráfico el 11 de diciembre de 2006 como resultado de ello México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 2 30 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados”.

Además, subrayan en su denuncia los defensores y la sociedad que “existe una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado”.

Sostiene en su denuncia que esta situación se debe por igual “a las acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12 por ciento de los delitos son denunciados y el 8 por ciento investigados. La falta de autonomía de la PGR y la inmunidad del Ejecutivo federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria”.

Aseveran en la denuncia que “vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas, sin embargo aun en las guerras existen límites y en esta se han rebasado de forma catastrófica: El ejercito mexicano ha asesinado a civiles incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares, y operativos. Ha torturado y asesinado a civiles a sabiendas que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hecho para no castigar a los responsables, ejemplo de ellos es el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010.

“El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometidas por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, ejemplo de ellos son los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

“Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. Es tan evidente que se trata de una política del gobierno panista – concebida desde Washington – que incluso se ha comenzado a legislar para convertirlas en una obligación a cargo de las autoridades”.

Entre otros que ya se han adherido a la denuncia firman John Mill Ackerman, del IIJ de la UNAM, Manuel Fuentes, de Anad; José Rosario Marroquín, del Centro Prodh, Julio Scherer Ibarra; Rafael Barajas El Fisgón; Octavio Rodríguez Araujo entre otros.

 

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