| La paz es un asunto interno de Colombia |
| Written by Celac |
| Saturday, 03 December 2011 18:49 |
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Caracas, 03 de diciembre de 2011 (Prensa Celac).- Durante la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresa que la paz es un asunto interno de Colombia y lo van a resolver los colombianos. Juan Manuel Santos se refiere a esto por dos comunicaciones divulgadas por la FARC y otra del ELN. “En Colombia estamos aburridos de la violencia y la guerra. Ha sido demasiada la sangre y los muertos en un conflicto que lleva más de 47 años”. El mandatario colombiano asegura que el gobierno tiene total disposición para lograr la paz. “Pero queremos hacerlo cuando tengamos la seguridad de que la guerrilla quiere llegar a un acuerdo porque nosotros no queremos que nos engañen una vez más”. Santos pide a los demás presidentes que le hagan sugerencias y sobretodo que trabajen por problemas comunes. “La mejor forma de ayudarnos es controlando prácticas como la trata de niños, el narcotráfico, la colocación de minas y bombas, el secuestro, queremos la paz”. FIN/ Jessica Dos Santos. Foto: Nelson González Leal. |
EL PAIS › A DOS AÑOS DE SU IMPLEMENTACION, 3,5 MILLONES DE CHICOS COBRAN LA ASIGNACION UNIVERSAL
Un plan para los pibes que llegó para quedarse
La cantidad de beneficiarios se redujo en 156.541 respecto del pico de mayo de 2010. 1.117.325 dejaron de cobrar porque los padres consiguieron empleo formal o no cumplían los requisitos, pero se incorporó a un millón de chicos nuevos.
Por David CufréLa Asignación Universal por Hijo (AUH) cumplió en noviembre dos años desde su implementación. El programa nació con 3,3 millones de inscriptos, tuvo un pico de 3,7 millones en mayo de 2010 y el mes pasado se liquidaron 3,5 millones de beneficios. Aunque las cifras presentan variaciones menores, entre aquel techo y el nivel actual ocurrieron varios hechos significativos, que reflejan la vida propia que adquirió el sistema y su funcionamiento institucional. Por ejemplo, el padrón de niños y adolescentes cubiertos por la asignación registró un millón de incorporaciones, de las cuales 285 mil fueron gracias a que la Anses pudo depurar sus bases de datos hasta conectar a todos esos niños con sus padres, información que en un principio estaba dispersa y no permitía que esos menores accedieran a la ayuda estatal. Otros tantos dejaron de cobrar el beneficio por diversos motivos, entre los cuales el principal es que sus padres consiguieron empleo en la economía formal.
La otra razón que elevó la cifra de chicos alcanzados por la AUH fueron los nacimientos que ocurrieron en el período, bebés que la Anses detectó rápidamente e incorporó al sistema. Y una tercera causa fue la política de documentación masiva que lanzó el Gobierno a través de los nuevos DNI y campañas específicas de los ministerios del Interior y Desarrollo Social. Entre estos dos factores se contabilizan 736.128 altas en la asignación, a las que se agregan 284.656 por la identificación de hijos y padres explicada más arriba. En total, la suma arroja 1.020.784 nuevos anotados entre mayo de 2010 –cuando se alcanzó el máximo de beneficiarios, con 3.684.500– y el nivel actual –de 3.527.900 niños–.
Ese millón de adhesiones es el dato que presenta la Anses para responder a la crítica que lanzó un sector de la oposición cuando se creó la AUH y que sostiene hasta el día de hoy. Su argumento es que las condiciones impuestas para acceder son demasiado restrictivas y dejan afuera a chicos que deberían cobrar. Luego de dos años de funcionamiento, el organismo de la seguridad social asegura que el mecanismo es eficiente para captar a aquellos que merecen el subsidio y que en todo caso las correcciones que se pueden presentar son menores.
Pero si el padrón de la AUH se amplió en más de un millón de chicos y el número de beneficiarios actuales es menor en 156.000 al de hace un año y medio, hay otras razones que lo explican y también dan cuenta de las transformaciones que se van operando dentro del programa. La más notable es que 318.210 menores dejaron de cobrar ese plan porque sus padres empezaron a trabajar en la economía formal. Se convirtieron en empleados bajo relación de dependencia y pasaron a percibir las Asignaciones Familiares que liquida la propia Anses. La información es congruente con las tasas de empleo y desocupación registradas en el tercer trimestre. La primera llegó a su máximo desde 2003, con un 43,4 por ciento, mientras que el desempleo bajó hasta su mínimo desde 1990, a 7,2 por ciento. “Los padres de miles de niños que antes percibían la AUH ahora cobran las asignaciones en sus trabajos”, celebró la Anses, en un informe al que accedió Página/12.
En la misma línea, 90.144 chicos dejaron de cobrar la Asignación Universal por Hijo porque sus padres se inscribieron como monotributistas, lo que habla de un pasaje de la informalidad a algún grado de formalidad laboral. En el mismo documento se especifica que otros 285.205 menores de 18 años ya no perciben la AUH porque sus padres o tutores se convirtieron en jubilados o beneficiarios de pensiones no contributivas y el Gobierno estableció que aquel plan es incompatible con estas otras coberturas estatales. Lo mismo ocurrió con 164.263 chicos que accedieron a planes sociales liquidados por las provincias.
Hay otro grupo, de 134.725 chicos, que fueron dados de baja de la AUH porque sus padres no presentaron la libreta que acredita el cumplimiento de algunas de las condiciones impuestas para cobrar: la asistencia regular a clases y las vacunas obligatorias. Es decir, el 3,8 por ciento del total de inscriptos. El Gobierno justifica su rigurosidad en este punto porque sostiene que la AUH tuvo un impacto positivo en el aumento de la matrícula escolar y en los planes de vacunación, y que ésas son ganancias asociadas a la creación del beneficio que es conveniente preservar.
Más polémica es otra de las causas por las cuales se excluye a menores de 18 años del sistema: 164.263 quedaron de lado porque la Anses detectó que sus padres no encuadraban con algunos de los requisitos exigidos, como ser trabajadores informales y ganar menos del salario mínimo vital y móvil. La Anses realiza inspecciones permanentes para corroborar que se cumplan esas condiciones. También dentro de este grupo hay que computar a chicos que asisten a escuelas privadas que cobran cuotas mensuales superiores a los 100 pesos y por esa razón ya no pueden participar de la AUH (ver aparte).
En conclusión, entre el 1.020.784 altas y el 1.117.325 bajas, los beneficiarios actuales son 156.541 menos que en el pico de mayo de 2010. Son números que se van moviendo mes a mes y que evidencian que la AUH es un programa ya instalado que va ganando en profundidad. Esto también se refleja en el comportamiento mayoritario de quienes reciben ingresos por esta vía. Desde que entraron en vigencia las libretas donde los anotados en el sistema deben registrar la asistencia a clases y la aplicación de vacunas, 4.613.341 de ellas fueron presentadas ante la Anses. Eso liberó el pago del 20 por ciento que el organismo les retiene mes a mes hasta cumplir con ese trámite. Eso suma 1159 millones de pesos desde abril de 2010 hasta noviembre último, a razón de 523 pesos promedio por familia el mes pasado.
SOCIEDAD › LA QUERELLA EN ARGENTINA POR CRIMENES DE LA GUERRA CIVIL
Por la memoria en España
Exiliados y sus descendientes argentinos movilizan la investigación por los 113.000 desaparecidos y los 30.000 niños apropiados durante la guerra. Y que Servini se instale en la embajada en Madrid a interrogar testigos.
El régimen franquista se apropió de treinta mil niños. Chicos vueltos grandes, hoy abuelos que llevan un apellido impropio, una historia trunca. Ni hablar de las cifras de españoles fusilados, enterrados en fosas comunes y anónimas. España calla pero, contra la impunidad de esos crímenes, avanza una demanda impulsada desde Argentina. Esta semana, los querellantes –españoles radicados aquí y argentinos descendientes de las víctimas– pidieron a la jueza federal María Servini de Cubría que cruce el charco y “se constituya en la embajada argentina en España” para recibir denuncias y testimonios de víctimas. Además, sus abogados rechazaron, punto a punto, los argumentos de la Fiscalía General española que asegura que en ese país se “han tramitado y se están tramitando” los procedimientos judiciales en ese sentido.
“Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad a modo de las que se instituyeron en numerosos países, incluido el nuestro, (si no que) no hay un solo niño a quien se haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos”, argumenta el texto entregado por los denunciantes a la jueza, y al que tuvo acceso Página/12.
Entonces, señala el mismo documento, “corresponde” que la jurisdicción argentina investigue los delitos contra la humanidad ocurridos entre 1936 y 1977, procese a sus responsables y repare a las víctimas “de tanto crimen impune”. “Lo que solicitamos en esta última presentación son, ya no medidas probatorias, sino acciones concretas referidas a los querellantes y al pueblo español en sí”, explicó Máximo Castex, uno de los abogados del equipo de letrados que representa a los denunciantes. En esa línea, se instó a Servini de Cubría a que se traslade y reciba en la embajada nacional localizada en Madrid los testimonios y denuncias de víctimas.
La querella es acompañada entre otros organismos de derechos humanos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica e inició la demanda el 14 de abril de 2010. La causa se basa en los mismos principios de derecho universal que permitieron al juez español Baltasar Garzón juzgar las dictaduras de Argentina y Chile, e incluso detener en 1998 a Augusto Pinochet. El primer paso de los letrados argentinos fue pedir a España explicaciones, es decir, preguntar si en ese país “se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar a españoles, a través de su eliminación física, la desaparición ‘legalizada’ de menores de edad con pérdida de su identidad, entre 1936 y 1977”.
La respuesta enviada por la Fiscalía General española hace pocos meses destaca en el punto número 1 de sus conclusiones que “en España se han tramitado y se están tramitando en la actualidad numerosos procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura, tanto en la eliminación física de los ciudadanos partidarios de la República y de la forma democrática de gobierno, como la desaparición de menores”.
Sin embargo, las causas abiertas a las que se refieren las autoridades judiciales españolas “están paralizadas o archivadas”, puntualiza Castex, y detalla que además provienen “de la causa madre iniciada por Garzón”, que fue procesado y suspendido en su cargo por haber dado lugar al enjuiciamiento del franquismo. “Es absurdo –dispara– que se lo procese a Garzón por haber investigado y después se utilice su causa para decir que España está haciendo justicia.”
En tanto, “hay 113.000 cuerpos desaparecidos, 30.000 niños secuestrados, 2500 fosas sin abrir en las que se acumulan los cuerpos a montones”, contó a este diario Darío Rivas, de 91 años, cuyo padre murió fusilado por oficiales de La Falange en 1936, y es uno de los querellantes en esta causa. La fiscalía española asegura que están en curso “un importante número de supuestos de sustracciones o entregas ilegales de menores”, pero “no mencionan un solo tribunal actuante en esa línea de investigación, de lo cual se deduce sin dificultad que no existe ninguno”, responden los abogados argentinos.
Párrafo aparte, Castex critica que “queda a las claras que si realmente existiera voluntad de investigación, en vez de alegar que ‘ninguno de los denunciantes que presentó causas desde Argentina lo había hecho en España’, lo que tendrían que haber hecho (los fiscales españoles) es iniciar de oficio la investigación, como corresponde”.
Ese desinterés judicial se profundiza en el plano político. En julio último, el Congreso español rechazó una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego que buscaba derogar la Ley de Amnistía española de 1977 para posibilitar la investigación de los crímenes de la dictadura franquista. Esa circunstancia, concluyen los abogados de la querella, “corrobora la falta de determinación y la imposibilidad de investigar por parte del Estado español”.
Informe: Rocío Magnani.
Muere en combate Alfonso Cano.
El tiempo sera el que establezca y reparta razones.
A titulo de ejemplo, baste con decir que una organizacion de dudosa transparencia
por reclutar menores indigenas y por mantener cautivos rehenes, puede cobrar,
por así afirmarlo, derrepente, una importancia decisiva en el devenir de Indoamérica.
Ante tamaña novedad merece el caso que presentemos la bandera de las Farc-Ep,
ya que los bombardeos que en este preciso instante suceden en el Cauca, lo
transforman en lugar critico para la región, poblada por originarios, humildes, humanos…
Joan Prim Ibañez.
Santos y la situación que se plantea según sus amigos de La Rosa Blindada:
…
la lucha armada continúa desarrollándose y esa temática no está permitida en el núcleo duro de los programas académicos? ¿Quizás analizar la lucha armada de Colombia obstaculice ganar becas y subsidios? ¿Comenzarán los académicos a incluir a Colombia entre los estados que practican políticas estatales genocidas o continuarán haciéndose los distraídos?
Primera vez del “Día del respeto a la Diversidad”
Por primera vez en nuestro país se celebrará el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.
El feriado “correspondiente al 12 de octubre será renombrado como Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, precisó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace un año cuando envió al Parlamento el proyecto de ley que fijaba 15 feriados nacionales, que concluyó siendo el decreto 1584 del 2 de noviembre de 2010.
Esta nueva denominación se inscribe dentro del espíritu del artículo 75 de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, entre otros derechos.
En Argentina la denominación Día de la Raza fue establecida por decreto del entonces presidente Hipólito Yrigoyen en 1916 como una reivindicación de la labor española en América, y buscando la reafirmación de la identidad hispanoamericana frente a Estados Unidos que avanzaba hacia el sur imponiendo su influencia en la región.
Para ese momento, España ya había establecido en 1913 la denominación de Día de la Raza, recordando con nostalgia su pasado imperial del que Latinoamérica se había liberado un siglo atrás, con el objetivo de afianzar lazos entre España y América latina. La mayoría de los países de la región adoptó ese nombre, durante las primeras décadas del siglo XX, identificado a la vez con la idea europeísta de “Descubrimiento de América”.
En la actualidad algunos países como México, Chile, Uruguay y Colombia, continúan con la misma denominación, en tanto Bolivia, Perú, Venezuela y Ecuador nombran a esa fecha de otro modo marcando un cambio en la mirada histórica e ideológica de la conquista y dominación española que se inició hace 519 años.
En este sentido, el Movimiento Indígena Latinoamericano declaró al 12 de octubre como Día de la Resistencia Indígena, y algunas organizaciones mencionan al 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos originarios.
Por su parte, en Cuba “no se celebra el 12 de octubre, sí el 10 de octubre porque fue el día que empezó la guerra de independencia contra España en 1868″, aseguraron fuentes de esa embajada.
En Venezuela se cambió la denominación en 2002 por medio de un decreto que establece conmemorar el 12 de octubre de cada año como “Día de la Resistencia Indígena”.
El objetivo es “reconocer nuestra autoafirmación americanista por la unidad y diversidad cultural y humana”, asegura el decreto presidencial, a la vez que establece “iniciar la revisión de los textos escolares” de geografía e historia.
En Bolivia, la embajada publicó en los últimos días que el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, informó que “la Comunidad Andina de Naciones (CAN) decidió que el 12 de octubre se declare `Día Continental de la Descolonización`, para impulsar un profundo proceso de cambio en todo el continente”, al tiempo que reivindicó la construcción del Estado Plurinacional.
En Perú, la fecha se celebra como el “Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural” establecido “por la ley 29421 del Congreso que promulgó el presidente Alan García” el 9 de octubre de 2009, aseguró la embajada a Télam.
En Ecuador se celebra el 12 de octubre bajo la denominación de “Día de las Culturas”, desde el año pasado.
Mientras tanto España, que buscó renovar y agiornar criterios sobre la conquista peninsular, acordó en 1992 celebrar los 500 años de la conquista bajo el lema de “Encuentro de Culturas”, buscando desdibujar su carácter violento e imperial.
Los pueblos originarios y muchos pensadores rechazaron la idea de “encuentro”, ya que volvía a “encubrirse” la historia de dominación, desestructuración, explotación y destrucción que llevó adelante la conquista y colonización de América, provocando el mayor genocidio de la historia.
Lejos de este cuestionamiento y de una reparación histórica, España reivindica aquella misión y coloca al 12 de octubre en un lugar central de sus celebraciones como “Fiesta Nacional de España”, desde 1987, luego de haberla instaurado como “Fiesta de la Raza” en 1918 y modificarla en 1958 por “Fiesta de la Hispanidad”, hasta tomar la denominación oficial actual.
Amnistía pide a CPI concretar intervención en Colombia
Por Constanza Vieira
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 Barrancabermeja, julio de 2007. Integrantes de la Organización Femenina Popular exigen justicia. Crédito: Jorge Mata/Amnistía Internacional
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BOGOTÁ, 21 sep (IPS) – “¿Otra? ¿Otra violada?”, le dijeron a Mari en la fiscalía general de Colombia cuando fue a presentar la denuncia. “Yo me quedé como paralizada”, contó ella, luego, a defensores de derechos humanos. Se puso de pie y dijo: “Gracias, otro día vuelvo”.
Esa fue la experiencia de Mari (nombre supuesto por discreción) en diciembre de 2010, cuando por fin se atrevió a acudir a la justicia a denunciar que fue ultrajada sexualmente en 2001 por paramilitares de ultraderecha.
Esta líder comunitaria del occidental departamento del Valle se definió así en febrero ante la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI): “Soy desplazada, soy una violada amenazada, he perdido un hijo”. Su cuestionamiento a la justicia colombiana no deja resquicios.
El informe que AI presentó este miércoles 21 en Bogotá contiene este y varios otros testimonios de víctimas, detalla las falencias de la justicia nacional, hace recomendaciones y termina pidiendo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que le ponga fecha a su intervención en este país andino.
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No por nada el informe, titulado “Eso es lo que nosotras exigimos: que se haga justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia”, se inscribe en una campaña de AI “a favor de la justicia internacional”.
“A pesar de incontables iniciativas, leyes, políticas, mecanismos, decretos y protocolos, el Estado colombiano sigue sin proteger a las sobrevivientes efectivamente y sin garantizar que se respete plenamente su derecho a la verdad, la justicia y a la reparación”, dice AI.
Habla de una “inacción endémica”, que atribuye a la “falta de voluntad política de sucesivos gobiernos” para ir a las causas de la impunidad en las violaciones de los derechos humanos, “especialmente de la violencia sexual”.
La guerra interna colombiana surgió en 1946. Desde 1964, guerrillas de izquierda se enfrentan con las fuerzas de seguridad del Estado. En 1977 reaparecieron grupos paramilitares de ultraderecha que actualmente el gobierno llama “bandas criminales” (Bacrim).
Según la Organización de las Naciones Unidas, estos paramilitares cometen 75 por ciento de los crímenes perpetrados en la guerra civil de este país andino.
En ese marco, se estima que miembros de la guerrilla fueron autores de 8,5 por ciento de los 183 casos de violencia sexual que en 2008 la Corte Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación, la fuerza pública sería responsable de 19,4 por ciento y los paramilitares de 45,8 por ciento.
La proporción restante en esa limitada muestra se reparte en 4,5 por ciento a cargo de grupos armados no identificados, cuatro por ciento por la delincuencia común, 1,5 por un familiar y el resto de los casos no se pudo determinar la autoría.
Hace un año, la justicia dictaminó en cinco de estos casos, cuatro de los cuales no estaban relacionados con la guerra. En el único caso vinculado a esta, y resuelto, el paramilitar acusado fue absuelto, aunque el fallo fue apelado. Otras 140 violaciones están en fase preliminar y no se ha identificado a los autores.
En territorios con predominio de fuerzas del Estado y del paramilitarismo, que corresponden a las zonas del país con mayor concentración de población y de riqueza, ocurre reiteradamente una particularidad. Si las mujeres denuncian ante las autoridades que han sido violadas, llueven prontamente amenazas de muerte.
Leidi (nombre supuesto) fue violada por paramilitares en 2001 en el departamento de Santander, en el noreste. Tenía 17 años. Su primer intento de denunciar judicialmente se truncó por amenazas. Huyó a Bogotá.
Ya en la capital colombiana, “cuando yo fui y averigüé cómo denunciar, a los dos días mi mamá recibió amenazas. La llamaron por teléfono y le dijeron que dejáramos eso quieto”, dijo en su testimonio ante miembros de AI. “¿Cómo es que averiguan todo? ¿Cómo es que saben tanto?”, se pregunta.
“Lo que a mí me da rabia es que cuando uno trata de hacer algo, de una vez las amenazas. No hay quién lo proteja a uno”, añadió.
Como resultado, según una encuesta de la organización civil Oxfam y el centro feminista colombiano Casa de la Mujer, 82,1 por ciento de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto armado interno se abstuvieron de acudir a la justicia.
Aún más: la autoridad forense (Instituto Nacional de Medicina Legal) clasificó como casos “sociopolíticos” apenas 0,62 por ciento del total de exámenes que adelantó en 2009 sobre presunta violencia sexual.
La violación de mujeres siembra el terror en las comunidades y genera desplazamiento forzado de los hogares y robo de tierras. Para el exministro Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, hasta ocho millones hectáreas habrían sido despojadas de sus legítimos ocupantes durante la guerra.
A contrapelo de disposiciones de la Corte Constitucional, los tribunales no están viendo en la práctica el conjunto y no tipifican los casos acorde con la normativa internacional que rige en Colombia, son algunas observaciones del informe de AI.(FIN/2011)