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PAGINA12 SOCIEDAD › LA MAYORIA DE LAS MUJERES QUE IBAN A PROSTIBULOS DE MEXICO ERAN ARGENTINAS

Las pruebas de la red de trata

La denuncia publicada ayer por Página/12 fue ratificada ante distintos medios por la hija del ex agente de la SIDE. La organización regentea prostíbulos en Buenos Aires y en Cancún. La Justicia empezó a investigar.

Por Raúl Kollmann

La denuncia de Lorena Martins contra su padre, Raúl Martins, por trata de personas y cohecho respecto de jefes policiales y jefes del área de Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recayó en la fiscalía que está a cargo de Gerardo Pollicita. El fiscal le debe requerir al juez Norberto Oyarbide la investigación de todos los nombres y montos de dinero que se pagaron como coimas, datos que Lorena pudo recabar en los últimos seis meses, en que tomó contacto con la organización de prostíbulos en Buenos Aires y Cancún, propiedad de su padre. Martins fue oficial de la SIDE durante 13 años y su hija ya declaró ante la Unidad Fiscal de Atención a los Secuestros Extorsivos (Ufase), especializada en trata de personas, que conduce Marcelo Colombo. Allí reveló cómo se llevaban a las chicas argentinas a México: “La mayoría de las chicas que estaban en The One, el único prostíbulo de la zona turística de Cancún, eran argentinas. Las llevaban allá y las quebraban. Algunas, muy pocas, eran brasileñas. La mayoría, argentinas”, contó ayer Lorena en Radio Del Plata.

No bien el fiscal requiera la instrucción del expediente, se presentará a declarar una mujer que trabajó con Martins, fue llevada a México y vivió todo el proceso que el ex agente de la SIDE denomina “quebrar a las chicas”. Les pagan el pasaje, les aseguran que serán modelos o recepcionistas, les prometen mucho dinero y cuando llegan a Cancún empiezan por quitarles el pasaporte, luego las dejan sin vivienda, las endeudan y de esa manera se hace la presión para que vayan ejerciendo distintos grados de prostitución. Al principio sólo en bailes, luego bailes con erotismo, el siguiente escalón es el sexo oral y finalmente “el pase” a la habitación. Impresiona ver las planillas en las que se habla de cada uno de esos servicios realizados por cada chica. Lorena las aportará a la causa judicial. También otras planillas en que se les deduce plata a las mujeres por multas: una de las fallas más graves es darle el teléfono a un cliente.

Raúl Martins vive actualmente en Cancún, pero Migraciones de ese país resolvió expulsarlo justamente por las acusaciones por trata de personas. Lorena declaró a la Justicia que su padre mantiene un estrecho vínculo con Los Zetas, un temible cártel de narcotraficantes. Y en las denuncias aparecidas en aquel país, políticos de distinto signo se acusaban entre sí por darle protección. Lo cierto es que Martins logró parar la expulsión presentando numerosas apelaciones a la Justicia y, según el diario Reforma, todavía rige una de esas apelaciones. Por esa razón, Martins no puede dejar México: en caso de hacerlo no podría reingresar.

La hija del dueño de los prostíbulos resolvió denunciarlo a raíz de que Martins abandonó a su familia –su esposa y tres hijos–, por lo cual Lorena decidió acercarse a la organización que lidera su padre y desde marzo pasado recabó datos sobre la forma de funcionamiento y ahora los presentó a la Justicia. Su abogado, el ex secretario del juez Juan José Galeano, Claudio Lifschitz, entregó un primer escrito a la Ufase y luego Lorena estuvo declarando durante varias horas. La decisión del fiscal Colombo fue enviar el expediente a la Cámara Federal, que procedió al sorteo de rigor y la causa quedó en manos de Oyarbide, quien conoció a Martins en 1999, hace ya 13 años. Habrá que ver si el magistrado da un paso al costado o si decide investigar él mismo. Por de pronto, Colombo ordenó que Lorena sea custodiada ya que, además, fue víctima de una tentativa de homicidio a fines de octubre.

En su primera declaración, a Lorena Martins no le pidieron ni dio detalles de los arreglos que los hombres de su padre en la Argentina mantienen con distintos comisarías y dependencias de la Policía Federal. Es que la Ufase se concentra en la investigación de trata de personas y no en el cohecho. Lo cierto es que Lorena dice que está dispuesta a aportar los nombres de los comisarios a los que se les pagaría, quién entrega el dinero y quién lo recibe. Asegura incluso que conoce los nombres de los jefes policiales que se negaron a entrar en el juego. No bien el fiscal Pollicita requiera la instrucción del expediente, la joven se presentará con esos datos y pruebas escritas.

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EL PAIS › A DOS AÑOS DE SU IMPLEMENTACION, 3,5 MILLONES DE CHICOS COBRAN LA ASIGNACION UNIVERSAL

Un plan para los pibes que llegó para quedarse

La cantidad de beneficiarios se redujo en 156.541 respecto del pico de mayo de 2010. 1.117.325 dejaron de cobrar porque los padres consiguieron empleo formal o no cumplían los requisitos, pero se incorporó a un millón de chicos nuevos.

Por David Cufré

La Asignación Universal por Hijo (AUH) cumplió en noviembre dos años desde su implementación. El programa nació con 3,3 millones de inscriptos, tuvo un pico de 3,7 millones en mayo de 2010 y el mes pasado se liquidaron 3,5 millones de beneficios. Aunque las cifras presentan variaciones menores, entre aquel techo y el nivel actual ocurrieron varios hechos significativos, que reflejan la vida propia que adquirió el sistema y su funcionamiento institucional. Por ejemplo, el padrón de niños y adolescentes cubiertos por la asignación registró un millón de incorporaciones, de las cuales 285 mil fueron gracias a que la Anses pudo depurar sus bases de datos hasta conectar a todos esos niños con sus padres, información que en un principio estaba dispersa y no permitía que esos menores accedieran a la ayuda estatal. Otros tantos dejaron de cobrar el beneficio por diversos motivos, entre los cuales el principal es que sus padres consiguieron empleo en la economía formal.

La otra razón que elevó la cifra de chicos alcanzados por la AUH fueron los nacimientos que ocurrieron en el período, bebés que la Anses detectó rápidamente e incorporó al sistema. Y una tercera causa fue la política de documentación masiva que lanzó el Gobierno a través de los nuevos DNI y campañas específicas de los ministerios del Interior y Desarrollo Social. Entre estos dos factores se contabilizan 736.128 altas en la asignación, a las que se agregan 284.656 por la identificación de hijos y padres explicada más arriba. En total, la suma arroja 1.020.784 nuevos anotados entre mayo de 2010 –cuando se alcanzó el máximo de beneficiarios, con 3.684.500– y el nivel actual –de 3.527.900 niños–.

Ese millón de adhesiones es el dato que presenta la Anses para responder a la crítica que lanzó un sector de la oposición cuando se creó la AUH y que sostiene hasta el día de hoy. Su argumento es que las condiciones impuestas para acceder son demasiado restrictivas y dejan afuera a chicos que deberían cobrar. Luego de dos años de funcionamiento, el organismo de la seguridad social asegura que el mecanismo es eficiente para captar a aquellos que merecen el subsidio y que en todo caso las correcciones que se pueden presentar son menores.

Pero si el padrón de la AUH se amplió en más de un millón de chicos y el número de beneficiarios actuales es menor en 156.000 al de hace un año y medio, hay otras razones que lo explican y también dan cuenta de las transformaciones que se van operando dentro del programa. La más notable es que 318.210 menores dejaron de cobrar ese plan porque sus padres empezaron a trabajar en la economía formal. Se convirtieron en empleados bajo relación de dependencia y pasaron a percibir las Asignaciones Familiares que liquida la propia Anses. La información es congruente con las tasas de empleo y desocupación registradas en el tercer trimestre. La primera llegó a su máximo desde 2003, con un 43,4 por ciento, mientras que el desempleo bajó hasta su mínimo desde 1990, a 7,2 por ciento. “Los padres de miles de niños que antes percibían la AUH ahora cobran las asignaciones en sus trabajos”, celebró la Anses, en un informe al que accedió Página/12.

En la misma línea, 90.144 chicos dejaron de cobrar la Asignación Universal por Hijo porque sus padres se inscribieron como monotributistas, lo que habla de un pasaje de la informalidad a algún grado de formalidad laboral. En el mismo documento se especifica que otros 285.205 menores de 18 años ya no perciben la AUH porque sus padres o tutores se convirtieron en jubilados o beneficiarios de pensiones no contributivas y el Gobierno estableció que aquel plan es incompatible con estas otras coberturas estatales. Lo mismo ocurrió con 164.263 chicos que accedieron a planes sociales liquidados por las provincias.

Hay otro grupo, de 134.725 chicos, que fueron dados de baja de la AUH porque sus padres no presentaron la libreta que acredita el cumplimiento de algunas de las condiciones impuestas para cobrar: la asistencia regular a clases y las vacunas obligatorias. Es decir, el 3,8 por ciento del total de inscriptos. El Gobierno justifica su rigurosidad en este punto porque sostiene que la AUH tuvo un impacto positivo en el aumento de la matrícula escolar y en los planes de vacunación, y que ésas son ganancias asociadas a la creación del beneficio que es conveniente preservar.

Más polémica es otra de las causas por las cuales se excluye a menores de 18 años del sistema: 164.263 quedaron de lado porque la Anses detectó que sus padres no encuadraban con algunos de los requisitos exigidos, como ser trabajadores informales y ganar menos del salario mínimo vital y móvil. La Anses realiza inspecciones permanentes para corroborar que se cumplan esas condiciones. También dentro de este grupo hay que computar a chicos que asisten a escuelas privadas que cobran cuotas mensuales superiores a los 100 pesos y por esa razón ya no pueden participar de la AUH (ver aparte).

En conclusión, entre el 1.020.784 altas y el 1.117.325 bajas, los beneficiarios actuales son 156.541 menos que en el pico de mayo de 2010. Son números que se van moviendo mes a mes y que evidencian que la AUH es un programa ya instalado que va ganando en profundidad. Esto también se refleja en el comportamiento mayoritario de quienes reciben ingresos por esta vía. Desde que entraron en vigencia las libretas donde los anotados en el sistema deben registrar la asistencia a clases y la aplicación de vacunas, 4.613.341 de ellas fueron presentadas ante la Anses. Eso liberó el pago del 20 por ciento que el organismo les retiene mes a mes hasta cumplir con ese trámite. Eso suma 1159 millones de pesos desde abril de 2010 hasta noviembre último, a razón de 523 pesos promedio por familia el mes pasado.

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Amnistía pide a CPI concretar intervención en Colombia
Por Constanza Vieira

Barrancabermeja, julio de 2007. Integrantes de la Organización Femenina Popular exigen justicia. / Crédito:Jorge Mata/Amnistía Internacional
Barrancabermeja, julio de 2007. Integrantes de la Organización Femenina Popular exigen justicia. 

Crédito: Jorge Mata/Amnistía Internacional

 

BOGOTÁ, 21 sep (IPS) – “¿Otra? ¿Otra violada?”, le dijeron a Mari en la fiscalía general de Colombia cuando fue a presentar la denuncia. “Yo me quedé como paralizada”, contó ella, luego, a defensores de derechos humanos. Se puso de pie y dijo: “Gracias, otro día vuelvo”.

Esa fue la experiencia de Mari (nombre supuesto por discreción) en diciembre de 2010, cuando por fin se atrevió a acudir a la justicia a denunciar que fue ultrajada sexualmente en 2001 por paramilitares de ultraderecha.

Esta líder comunitaria del occidental departamento del Valle se definió así en febrero ante la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI): “Soy desplazada, soy una violada amenazada, he perdido un hijo”. Su cuestionamiento a la justicia colombiana no deja resquicios.

El informe que AI presentó este miércoles 21 en Bogotá contiene este y varios otros testimonios de víctimas, detalla las falencias de la justicia nacional, hace recomendaciones y termina pidiendo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que le ponga fecha a su intervención en este país andino.

Crimen de lesa humanidad 

IPS consultó en Bogotá a Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.

IPS: ¿Qué es la campaña “A favor de la justicia internacional”?

Marcelo Pollack: Es una campaña internacional para poner fin a todos los casos considerados como crímenes internacionales de derechos humanos, incluida la violencia sexual en el marco del conflicto.

IPS: El informe insiste en que la justicia colombiana está juzgando las violaciones sexuales en la guerra como delitos comunes y casos aislados. ¿AI considera que hay elementos para hablar de crimen de lesa humanidad, es decir, de un ataque generalizado o sistemático y a sabiendas de que éste se está llevando a cabo?

MP: Sin duda. Contundentemente. Tal como lo afirman la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la práctica de la violencia sexual en el contexto del conflicto es sistemática y, así, es un crimen internacional que se tipifica como crímenes de guerra y/o crímenes de lesa humanidad.

IPS: ¿En qué fecha podría darse la intervención de la CPI?

MP: Eso es algo que hay que preguntarle a la CPI. El caso de Colombia está siendo considerado por la Corte Penal Internacional.

No por nada el informe, titulado “Eso es lo que nosotras exigimos: que se haga justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia”, se inscribe en una campaña de AI “a favor de la justicia internacional”.

“A pesar de incontables iniciativas, leyes, políticas, mecanismos, decretos y protocolos, el Estado colombiano sigue sin proteger a las sobrevivientes efectivamente y sin garantizar que se respete plenamente su derecho a la verdad, la justicia y a la reparación”, dice AI.

Habla de una “inacción endémica”, que atribuye a la “falta de voluntad política de sucesivos gobiernos” para ir a las causas de la impunidad en las violaciones de los derechos humanos, “especialmente de la violencia sexual”.

La guerra interna colombiana surgió en 1946. Desde 1964, guerrillas de izquierda se enfrentan con las fuerzas de seguridad del Estado. En 1977 reaparecieron grupos paramilitares de ultraderecha que actualmente el gobierno llama “bandas criminales” (Bacrim).

Según la Organización de las Naciones Unidas, estos paramilitares cometen 75 por ciento de los crímenes perpetrados en la guerra civil de este país andino.

En ese marco, se estima que miembros de la guerrilla fueron autores de 8,5 por ciento de los 183 casos de violencia sexual que en 2008 la Corte Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación, la fuerza pública sería responsable de 19,4 por ciento y los paramilitares de 45,8 por ciento.

La proporción restante en esa limitada muestra se reparte en 4,5 por ciento a cargo de grupos armados no identificados, cuatro por ciento por la delincuencia común, 1,5 por un familiar y el resto de los casos no se pudo determinar la autoría.

Hace un año, la justicia dictaminó en cinco de estos casos, cuatro de los cuales no estaban relacionados con la guerra. En el único caso vinculado a esta, y resuelto, el paramilitar acusado fue absuelto, aunque el fallo fue apelado. Otras 140 violaciones están en fase preliminar y no se ha identificado a los autores.

En territorios con predominio de fuerzas del Estado y del paramilitarismo, que corresponden a las zonas del país con mayor concentración de población y de riqueza, ocurre reiteradamente una particularidad. Si las mujeres denuncian ante las autoridades que han sido violadas, llueven prontamente amenazas de muerte.

Leidi (nombre supuesto) fue violada por paramilitares en 2001 en el departamento de Santander, en el noreste. Tenía 17 años. Su primer intento de denunciar judicialmente se truncó por amenazas. Huyó a Bogotá.

Ya en la capital colombiana, “cuando yo fui y averigüé cómo denunciar, a los dos días mi mamá recibió amenazas. La llamaron por teléfono y le dijeron que dejáramos eso quieto”, dijo en su testimonio ante miembros de AI. “¿Cómo es que averiguan todo? ¿Cómo es que saben tanto?”, se pregunta.

“Lo que a mí me da rabia es que cuando uno trata de hacer algo, de una vez las amenazas. No hay quién lo proteja a uno”, añadió.

Como resultado, según una encuesta de la organización civil Oxfam y el centro feminista colombiano Casa de la Mujer, 82,1 por ciento de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto armado interno se abstuvieron de acudir a la justicia.

Aún más: la autoridad forense (Instituto Nacional de Medicina Legal) clasificó como casos “sociopolíticos” apenas 0,62 por ciento del total de exámenes que adelantó en 2009 sobre presunta violencia sexual.

La violación de mujeres siembra el terror en las comunidades y genera desplazamiento forzado de los hogares y robo de tierras. Para el exministro Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, hasta ocho millones hectáreas habrían sido despojadas de sus legítimos ocupantes durante la guerra.

A contrapelo de disposiciones de la Corte Constitucional, los tribunales no están viendo en la práctica el conjunto y no tipifican los casos acorde con la normativa internacional que rige en Colombia, son algunas observaciones del informe de AI.(FIN/2011)

 

 

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