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pagina12EL PAIS › LA JUSTICIA ARGENTINA REQUIRIO INFORMACION A ESPAÑA SOBRE LOS CRIMENES DEL FRANQUISMO

Un atajo para luchar contra la impunidad

A partir de la denuncia de víctimas de la dictadura de Franco, la jueza Servini de Cubría pidió a España datos para iniciar la causa. El principio de justicia universal lo aplicó el español Baltasar Garzón para investigar a las dictaduras latinoamericanas.

La Justicia argentina empieza a investigar los crímenes del franquismo. La jueza María Servini de Cubría pidió nombres y domicilios de los militares vivos involucrados en el gobierno fascista, una lista con las empresas que se enriquecieron a costa del régimen e información sobre la cantidad de desaparecidos, fusilados y niños apropiados entre 1936 y 1977, año en que murió el dictador Francisco Franco. El requerimiento se enmarca en la causa iniciada por víctimas y familiares de fusilados y desaparecidos radicados en Argentina, que denuncian al Estado español, basados en principios de justicia universal. Fue a través de esos mismos términos internacionales que el juez Baltasar Garzón logró abrir investigaciones sobre los delitos cometidos en las dictaduras argentina y chilena y detener a Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998. En ese momento, la intervención judicial significó un enorme aporte a las causas de los organismos de derechos humanos de los dos estados americanos.

Mientras en España temen por el silenciamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el mandato de Francisco Franco, la jueza federal argentina rechazó una presentación del país europeo que sostiene que puertas adentro se investigan esos delitos y solicitó medidas probatorias concretas.

Pero lo que se hace hacia afuera, no se replica hacia adentro. Mientras desde el extranjero Garzón es aplaudido, en España lo espera un juicio que le inició el mismo Estado por haberse declarado competente para investigar los crímenes cometidos por La Falange, el partido que encabezaba Franco. “Yo actué como juez interpretando las normas nacionales e internacionales, como en otros casos”, dijo en declaraciones radiales recientes. Lo que pasa, en su opinión, es que “el franquismo en España todavía está vivo”.

En ese marco, organismos de derechos humanos españoles manifestaron que temen que, con la llegada de la derecha al poder, de la mano del jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, se retroceda en los derechos adquiridos. “Existe un peligro de regresión, porque la crisis económica es la excusa para que caigan las ayudas que recibimos”, apuntó Pedro Vicente Romero de Castilla Ramos, referente de la asociación Memoria Viva. En julio último, además, el Parlamento español ratificó la Ley de Amnistía vigente desde 1977, que bloquea el procesamiento de los militares involucrados.

Por eso, para Garzón es “complicado” que otro juez español investigue los crímenes de la dictadura franquista. Paradójicamente, en ese contexto, la Fiscalía General del Reino de España realizó un informe, a pedido de Cubría, destinado a responder si España investiga los crímenes del franquismo. La respuesta fue que “se han tramitado y se están tramitando numerosos procedimientos judiciales”. Algunas de las causas en curso citadas por la autoridad española se referían a los procesos desprendidos de las acciones de Garzón. “Esas causas se archivan automáticamente por prescripción o por una cuestión de competencia, ya que los jueces buscan que se haga cargo el Tribunal Superior de España”, explicó el abogado querellante Máximo Castex.

Con el exhorto de ayer, Servini de Cubría derrumbó la endeble torre de argumentos. Solicitó los “nombres y últimos domicilios conocidos de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de La Falange” que actuaron durante el franquismo –comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977– con la “certificación de los que hayan fallecido”.

Además, pidió el número de personas desaparecidas, con sus nombres completos, y la fecha y el lugar de sus desapariciones; la cantidad de personas asesinadas y torturas por “persecución política”; y la cifra de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituida por familias afectadas a la dictadura. Las agrupaciones que luchan por la memoria aseguran que son al menos 30 mil los bebés robados.

También se requiere informes sobre las fosas comunes encontradas, la cantidad de cuerpos recuperados a la fecha y la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas. Para Castex, ese último punto del exhorto librado el 13 de diciembre último es fundamental. “Con las enormes distancias y diferencias, puede tener las repercusiones que acá tiene el tema de (la empresa que durante la dictadura militar pasó a manos del Grupo Clarín) Papel Prensa.”

Todas las medidas pedidas por Servini de Cubría corresponden a las peticiones solicitadas por el equipo de abogados de los familiares o españoles radicados en Argentina. En su última presentación, el 25 de noviembre último, la querella solicitó además que la jueza se constituya en la embajada nacional en España para recibir en persona nuevas denuncias y testimonios de víctimas. La magistrada podría dar lugar a este pedido una vez que recabe los datos solicitados.

“Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia –sostienen los abogados argentinos en el último documento entregado a Cubría–, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad (si no que) no hay un solo niño a quien se le haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos.”

Informe: Rocío Magnani.

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SOCIEDAD › LA QUERELLA EN ARGENTINA POR CRIMENES DE LA GUERRA CIVIL

Por la memoria en España

Exiliados y sus descendientes argentinos movilizan la investigación por los 113.000 desaparecidos y los 30.000 niños apropiados durante la guerra. Y que Servini se instale en la embajada en Madrid a interrogar testigos.

El régimen franquista se apropió de treinta mil niños. Chicos vueltos grandes, hoy abuelos que llevan un apellido impropio, una historia trunca. Ni hablar de las cifras de españoles fusilados, enterrados en fosas comunes y anónimas. España calla pero, contra la impunidad de esos crímenes, avanza una demanda impulsada desde Argentina. Esta semana, los querellantes –españoles radicados aquí y argentinos descendientes de las víctimas– pidieron a la jueza federal María Servini de Cubría que cruce el charco y “se constituya en la embajada argentina en España” para recibir denuncias y testimonios de víctimas. Además, sus abogados rechazaron, punto a punto, los argumentos de la Fiscalía General española que asegura que en ese país se “han tramitado y se están tramitando” los procedimientos judiciales en ese sentido.

“Tras 40 años de dictadura y 35 de democracia, en España no sólo no existe siquiera una Comisión de la Verdad a modo de las que se instituyeron en numerosos países, incluido el nuestro, (si no que) no hay un solo niño a quien se haya restituido su identidad. No hay un solo victimario que haya sido identificado, uno al que siquiera un juzgado le haya tomado declaración, ni un imputado por la comisión de alguno al menos de los múltiples, masivos, generalizados crímenes cometidos”, argumenta el texto entregado por los denunciantes a la jueza, y al que tuvo acceso Página/12.

Entonces, señala el mismo documento, “corresponde” que la jurisdicción argentina investigue los delitos contra la humanidad ocurridos entre 1936 y 1977, procese a sus responsables y repare a las víctimas “de tanto crimen impune”. “Lo que solicitamos en esta última presentación son, ya no medidas probatorias, sino acciones concretas referidas a los querellantes y al pueblo español en sí”, explicó Máximo Castex, uno de los abogados del equipo de letrados que representa a los denunciantes. En esa línea, se instó a Servini de Cubría a que se traslade y reciba en la embajada nacional localizada en Madrid los testimonios y denuncias de víctimas.

La querella es acompañada entre otros organismos de derechos humanos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica e inició la demanda el 14 de abril de 2010. La causa se basa en los mismos principios de derecho universal que permitieron al juez español Baltasar Garzón juzgar las dictaduras de Argentina y Chile, e incluso detener en 1998 a Augusto Pinochet. El primer paso de los letrados argentinos fue pedir a España explicaciones, es decir, preguntar si en ese país “se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar a españoles, a través de su eliminación física, la desaparición ‘legalizada’ de menores de edad con pérdida de su identidad, entre 1936 y 1977”.

La respuesta enviada por la Fiscalía General española hace pocos meses destaca en el punto número 1 de sus conclusiones que “en España se han tramitado y se están tramitando en la actualidad numerosos procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura, tanto en la eliminación física de los ciudadanos partidarios de la República y de la forma democrática de gobierno, como la desaparición de menores”.

Sin embargo, las causas abiertas a las que se refieren las autoridades judiciales españolas “están paralizadas o archivadas”, puntualiza Castex, y detalla que además provienen “de la causa madre iniciada por Garzón”, que fue procesado y suspendido en su cargo por haber dado lugar al enjuiciamiento del franquismo. “Es absurdo –dispara– que se lo procese a Garzón por haber investigado y después se utilice su causa para decir que España está haciendo justicia.”

En tanto, “hay 113.000 cuerpos desaparecidos, 30.000 niños secuestrados, 2500 fosas sin abrir en las que se acumulan los cuerpos a montones”, contó a este diario Darío Rivas, de 91 años, cuyo padre murió fusilado por oficiales de La Falange en 1936, y es uno de los querellantes en esta causa. La fiscalía española asegura que están en curso “un importante número de supuestos de sustracciones o entregas ilegales de menores”, pero “no mencionan un solo tribunal actuante en esa línea de investigación, de lo cual se deduce sin dificultad que no existe ninguno”, responden los abogados argentinos.

Párrafo aparte, Castex critica que “queda a las claras que si realmente existiera voluntad de investigación, en vez de alegar que ‘ninguno de los denunciantes que presentó causas desde Argentina lo había hecho en España’, lo que tendrían que haber hecho (los fiscales españoles) es iniciar de oficio la investigación, como corresponde”.

Ese desinterés judicial se profundiza en el plano político. En julio último, el Congreso español rechazó una propuesta del Bloque Nacionalista Gallego que buscaba derogar la Ley de Amnistía española de 1977 para posibilitar la investigación de los crímenes de la dictadura franquista. Esa circunstancia, concluyen los abogados de la querella, “corrobora la falta de determinación y la imposibilidad de investigar por parte del Estado español”.

Informe: Rocío Magnani.

 

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Denunciarán a Calderón en La Haya por crímenes de lesa humanidad

Académicos y activistas advierten que a raíz de la guerra contra el narcotráfico que emprendió su gobierno “existe una constante violación” a los derechos de la población civil.

Víctor Ballinas
Publicado: 10/10/2011 14:01

 

México, DF. Abogados, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas y miembros de la sociedad civil denunciarán al presidente Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional, así como a sus altos mando militares y civiles, y también a los narcotraficantes que atacan a los mexicanos, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.Mañana martes juristas y defensores académicos darán a conocer la denuncia contra Calderón debido a que “declaró el inició de una guerra contra el narcotráfico el 11 de diciembre de 2006 como resultado de ello México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia reciente que ha dejado ya más de 50 mil muertos, 2 30 mil desplazados, 10 mil desaparecidos y mil 300 jóvenes y niños asesinados”.

Además, subrayan en su denuncia los defensores y la sociedad que “existe una constante violación a los derechos humanos de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables como las mujeres y los migrantes quienes constantemente son victimizados por las autoridades y el crimen organizado”.

Sostiene en su denuncia que esta situación se debe por igual “a las acciones de delincuentes dentro y fuera del gobierno. Vivimos además una situación de impunidad estructural en la que únicamente el 12 por ciento de los delitos son denunciados y el 8 por ciento investigados. La falta de autonomía de la PGR y la inmunidad del Ejecutivo federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria”.

Aseveran en la denuncia que “vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas, sin embargo aun en las guerras existen límites y en esta se han rebasado de forma catastrófica: El ejercito mexicano ha asesinado a civiles incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares, y operativos. Ha torturado y asesinado a civiles a sabiendas que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hecho para no castigar a los responsables, ejemplo de ellos es el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010.

“El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometidas por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, ejemplo de ellos son los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

“Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. Es tan evidente que se trata de una política del gobierno panista – concebida desde Washington – que incluso se ha comenzado a legislar para convertirlas en una obligación a cargo de las autoridades”.

Entre otros que ya se han adherido a la denuncia firman John Mill Ackerman, del IIJ de la UNAM, Manuel Fuentes, de Anad; José Rosario Marroquín, del Centro Prodh, Julio Scherer Ibarra; Rafael Barajas El Fisgón; Octavio Rodríguez Araujo entre otros.

 

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Los líos que armó la agencia en su apoyo al racismo del oriente

y que hacen que nadie entienda la alianza de Santa Cruz con

los indígenas amazónicos en la disputa de modelo con el MAS.

Intentaron otro Kosovo, pero finalmente habrá acuerdo pluricultural.

 

JPI

 

Las largas garras del Imperio

 

 

 

 

 

Semanario Miradas al Sur Inicio › Internacional

“En Bolivia se disputa el modelo de liberación”

Año 4. Edición número 177. Domingo 09 de octubre de 2011
Por

Emiliano Guido

 

Rumbo a la paz. Los indios del tipnis dialogarán con Evo esta semana.
Entrevista: Maristella Svampa, socióloga. La especialista entiende que la crisis abierta en el país andino revela la tensión existente entre estatistas y autonomistas.

Mientras avanza la columna indígena hacia La Paz, en protesta por la construcción de una ruta sobre un parque nacional, la mayor crisis de la era Evo Morales dispara en los medios y los analistas, interrogantes fangosos y cruzados. ¿Es, finalmente, el trazado de la carretera por el Tipnis una maniobra del sub-imperialismo brasileño para expandir el transporte de sus productos? ¿O, son, en realidad, los pueblos originarios amazónicos, títeres de las agencias norteamericanas? Sin embargo, para la socióloga argentina Maristella Svampa, autora de los recomendables libros Debatir Bolivia. Los contornos de un proyecto de descolonización Las vías de la emancipación. Conversaciones con Álvaro García Linera, el eje del análisis sobre la coyuntura boliviana debería ser menos maniqueo y extremista. “Con la derrota de las oligarquías regionales, el gobierno profundizó una perspectiva más convencional del Estado y del desarrollo. Por el contrario, los indígenas de las tierras bajas tienen una mirada más respetuosa del territorio. Así, lo que está en disputa ahora en Bolivia es también qué se entiende por proyecto de descolonización”, advierte Svampa y acto seguido no olvida de señalar “el aprovechamiento que la derecha de Santa Cruz, profundamente racista, hizo del tema indigenista”.
–¿Cuál es el objetivo estratégico que persigue el gobierno con la carretera amazónica? ¿Extender la frontera del Estado?
–Quien conoce Bolivia sabe que es necesario interconectar el país y que éste es un reclamo real. En este caso, también se busca “independizar” el departamento de Beni de Santa Cruz creando nuevas rutas. Pero, también es cierto que la carretera abre una puerta a numerosos proyectos extractivos, que traerán consecuencias sociales y ambientales negativas, y que los pueblos indígenas involucrados no fueron consultados.
En ese sentido, creo que la ceguera del gobierno, luego del antecedente del gasolinazo (levantamiento popular por el aumento de la nafta), tiene que ver con un proceso de construcción de la hegemonía poco pluralista: no hay consulta a las organizaciones, y cuando las hay, el gobierno busca claramente tutelarlas.
–En la tensión entre desarrollo y buen vivir, parece estar ganando fuerza el primer tópico dentro del oficialismo. ¿Por qué?
–Hay que leer la problemática en varios niveles. Primero, desde el comienzo del gobierno de Evo (Morales) hubo tensiones entre la aspiración de crear un Estado plurinacional y la voluntad de construir un Estado nacional. Para lo primero no hay receta; hay que inventarlas; para lo segundo, sí. En el marco de la polarización social y regional que se vivió hasta 2008, dichas tensiones aparecían desdibujadas. Luego, con la derrota de las oligarquías regionales, el gobierno profundizó una perspectiva más convencional del Estado y del desarrollo, basada en un programa de megaproyectos extractivistas, muy alejados de la perspectiva indígena del buen vivir.
A esta inflexión estatista hay que agregar que hoy también se deshace la supuesta articulación entre lo campesino y lo indígena, y entre indígenas de tierras altas (aymaras y quechuas) y de tierras bajas, ya que estos sectores proyectan una visión diferente del territorio y del desarrollo. Mientras cocaleros y campesinos colonizadores buscan apropiarse y explotar económicamente el territorio, sin muchos recaudos, los indígenas de las tierras bajas (sobre todo los de la Amazonía) tienen una perspectiva más respetuosa del mismo. Así, lo que está en disputa ahora es también qué se entiende por proyecto de descolonización.
–¿Cómo entender políticamente a los indígenas de las tierras bajas? ¿Porqué nunca fueron un actor de fuerza dentro del MAS?
–El MAS no es un partido convencional; proviene del sindicalismo campesino, y aunque en su ampliación (social y geográfica) fue cambiando, no puede contener el mosaico de fuerzas sociales que atraviesan Bolivia. Los indígenas de las tierras bajas tienen sus propias organizaciones, como Cidob y Conamaq, que promovieron temas como la autonomía indígena. A veces, en su apoyo a Evo, estas organizaciones asumieron rasgos pragmáticos y corporativos, pero luego de la Contracumbre Climática en Cochabamba, la autonomía, la defensa del territorio y el derecho de consulta (previa, libre y vinculante), aparecen en el centro del discurso descolonizador.
–¿Hasta dónde la presencia de las ONG y agencias norteamericanas como la Usaid son reales en la protesta indígena?
–Lamentablemente, ese discurso forma parte del intento del gobierno por desprestigiar a las organizaciones movilizadas. No es la primera vez que Evo apela a esa estrategia, dada la incomodidad que le generan los reclamos ambientales. Por último, antes que indagar sobre la intervención de Usaid (cuyo alcance debe ser minimizado, ya que las organizaciones tienen autonomía), lo que hay que revisar es el aprovechamiento que la derecha de Santa Cruz, profundamente racista, hizo del tema indigenista en el marco del conflicto del Tipnis.
–En sus últimos escritos, el vicepresidente Álvaro García Linera plantea que el actual excedente de la economía hay que volcarlo al salto industrial del país. La COB, sin embargo, exige que ese dinero debe ser utilizado para el aumento de salarios. ¿Cómo observa esta contradicción?
–Desde su asunción en 2006, García Linera cambió su concepción sobre el Estado; él mismo afirma que tiene una visión hegeliana del mismo, lo cual lo lleva a impugnar todo reclamo como particularista en nombre de un supuesto interés general. Nadie niega que existan reclamos corporativos, pero eso no define de por sí su carácter legítimo o ilegítimo, justo o injusto. En Bolivia hay suficientes reservas como para llevar una política salarial más redistributiva, al menos en el sector público. Por último, creo que lo de García Linera responde a una voluntad de modernización –no a un lobby–, aunque hablar del “gran salto industrial”, cuando lo que hay en carpeta son todos proyectos extractivos con impacto ambiental, devela una ilusión desarrollista, esto es, un proyecto de modernización de patas cortas y consecuencias negativas largas.

OTRAS NOTAS

  • Paradojalmente, una protesta de las etnias amazónicas disparó la mayor crisis del primer gobierno indígena boliviano. Por lo tanto, la reunión que tendrán esta semana en el Palacio Quemado el presidente Evo Morales y los líderes de los grupos comunitarios Moxeños, Yuracarés y Chimanes promete ser ríspida por los múltiples pases de facturas que se están haciendo presumibles compañeros políticos de ruta.

  • Ahora se abre un período de construcción de hegemonía en Bolivia, adelanta a Miradas al Sur Maristella Svampa, profesora de la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Svampa acaba de publicar junto al periodista Pablo Stefanoni y el historiador Bruno Fornillo un libro que analiza el proceso de cambio abierto en el vecino país desde la asunción presidencial de Evo Morales en diciembre de 2005.

  • El próximo jueves 28 y viernes 29 de julio más de 220 comunicadores del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios en la Argentina realizarán el Primer Congreso de Comunicación Indígena, a fin de debatir la aplicación del derecho a la comunicación con identidad a través de un plan nacional de comunicación indígena.
    Este congreso se realizará en la recientemente inaugurada Casa de la Militancia de la agrupación H.I.J.O.S., ubicada en el Espacio para la Memoria (ex ESMA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

  • La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual reconoció –por primera vez en la historia argentina– el derecho a la comunicación de los pueblos originarios. Durante años, los integrantes de estas comunidades denunciaron la violación de este derecho fundamental que impedía la proyección de la comunicación indígena con identidad.

  • Hugo Chávez la ha logrado varias veces, a Álvaro Uribe se la negaron y a Manuel Zelaya lo sacaron en pijamas de su país por creer que la buscaría. Es la reelección presidencial. En América latina, la posibilidad de reelegirse a un cargo público es algo limitado en unos países y que ha sido objeto de controversiales reformas en otros. Pero en todo caso es un tema álgido que suele generar fuertes debates cuando aparece en la agenda política. Y es lo que pasa actualmente en Bolivia.

  • Por primera vez un jefe de estado escucha los reclamos de las comunidades aborígenes y reconoce sus derechos territoriales y culturales.


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Amnistía pide a CPI concretar intervención en Colombia
Por Constanza Vieira

Barrancabermeja, julio de 2007. Integrantes de la Organización Femenina Popular exigen justicia. / Crédito:Jorge Mata/Amnistía Internacional
Barrancabermeja, julio de 2007. Integrantes de la Organización Femenina Popular exigen justicia. 

Crédito: Jorge Mata/Amnistía Internacional

 

BOGOTÁ, 21 sep (IPS) – “¿Otra? ¿Otra violada?”, le dijeron a Mari en la fiscalía general de Colombia cuando fue a presentar la denuncia. “Yo me quedé como paralizada”, contó ella, luego, a defensores de derechos humanos. Se puso de pie y dijo: “Gracias, otro día vuelvo”.

Esa fue la experiencia de Mari (nombre supuesto por discreción) en diciembre de 2010, cuando por fin se atrevió a acudir a la justicia a denunciar que fue ultrajada sexualmente en 2001 por paramilitares de ultraderecha.

Esta líder comunitaria del occidental departamento del Valle se definió así en febrero ante la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI): “Soy desplazada, soy una violada amenazada, he perdido un hijo”. Su cuestionamiento a la justicia colombiana no deja resquicios.

El informe que AI presentó este miércoles 21 en Bogotá contiene este y varios otros testimonios de víctimas, detalla las falencias de la justicia nacional, hace recomendaciones y termina pidiendo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que le ponga fecha a su intervención en este país andino.

Crimen de lesa humanidad 

IPS consultó en Bogotá a Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia.

IPS: ¿Qué es la campaña “A favor de la justicia internacional”?

Marcelo Pollack: Es una campaña internacional para poner fin a todos los casos considerados como crímenes internacionales de derechos humanos, incluida la violencia sexual en el marco del conflicto.

IPS: El informe insiste en que la justicia colombiana está juzgando las violaciones sexuales en la guerra como delitos comunes y casos aislados. ¿AI considera que hay elementos para hablar de crimen de lesa humanidad, es decir, de un ataque generalizado o sistemático y a sabiendas de que éste se está llevando a cabo?

MP: Sin duda. Contundentemente. Tal como lo afirman la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la práctica de la violencia sexual en el contexto del conflicto es sistemática y, así, es un crimen internacional que se tipifica como crímenes de guerra y/o crímenes de lesa humanidad.

IPS: ¿En qué fecha podría darse la intervención de la CPI?

MP: Eso es algo que hay que preguntarle a la CPI. El caso de Colombia está siendo considerado por la Corte Penal Internacional.

No por nada el informe, titulado “Eso es lo que nosotras exigimos: que se haga justicia. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia”, se inscribe en una campaña de AI “a favor de la justicia internacional”.

“A pesar de incontables iniciativas, leyes, políticas, mecanismos, decretos y protocolos, el Estado colombiano sigue sin proteger a las sobrevivientes efectivamente y sin garantizar que se respete plenamente su derecho a la verdad, la justicia y a la reparación”, dice AI.

Habla de una “inacción endémica”, que atribuye a la “falta de voluntad política de sucesivos gobiernos” para ir a las causas de la impunidad en las violaciones de los derechos humanos, “especialmente de la violencia sexual”.

La guerra interna colombiana surgió en 1946. Desde 1964, guerrillas de izquierda se enfrentan con las fuerzas de seguridad del Estado. En 1977 reaparecieron grupos paramilitares de ultraderecha que actualmente el gobierno llama “bandas criminales” (Bacrim).

Según la Organización de las Naciones Unidas, estos paramilitares cometen 75 por ciento de los crímenes perpetrados en la guerra civil de este país andino.

En ese marco, se estima que miembros de la guerrilla fueron autores de 8,5 por ciento de los 183 casos de violencia sexual que en 2008 la Corte Constitucional ordenó investigar a la Fiscalía General de la Nación, la fuerza pública sería responsable de 19,4 por ciento y los paramilitares de 45,8 por ciento.

La proporción restante en esa limitada muestra se reparte en 4,5 por ciento a cargo de grupos armados no identificados, cuatro por ciento por la delincuencia común, 1,5 por un familiar y el resto de los casos no se pudo determinar la autoría.

Hace un año, la justicia dictaminó en cinco de estos casos, cuatro de los cuales no estaban relacionados con la guerra. En el único caso vinculado a esta, y resuelto, el paramilitar acusado fue absuelto, aunque el fallo fue apelado. Otras 140 violaciones están en fase preliminar y no se ha identificado a los autores.

En territorios con predominio de fuerzas del Estado y del paramilitarismo, que corresponden a las zonas del país con mayor concentración de población y de riqueza, ocurre reiteradamente una particularidad. Si las mujeres denuncian ante las autoridades que han sido violadas, llueven prontamente amenazas de muerte.

Leidi (nombre supuesto) fue violada por paramilitares en 2001 en el departamento de Santander, en el noreste. Tenía 17 años. Su primer intento de denunciar judicialmente se truncó por amenazas. Huyó a Bogotá.

Ya en la capital colombiana, “cuando yo fui y averigüé cómo denunciar, a los dos días mi mamá recibió amenazas. La llamaron por teléfono y le dijeron que dejáramos eso quieto”, dijo en su testimonio ante miembros de AI. “¿Cómo es que averiguan todo? ¿Cómo es que saben tanto?”, se pregunta.

“Lo que a mí me da rabia es que cuando uno trata de hacer algo, de una vez las amenazas. No hay quién lo proteja a uno”, añadió.

Como resultado, según una encuesta de la organización civil Oxfam y el centro feminista colombiano Casa de la Mujer, 82,1 por ciento de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto armado interno se abstuvieron de acudir a la justicia.

Aún más: la autoridad forense (Instituto Nacional de Medicina Legal) clasificó como casos “sociopolíticos” apenas 0,62 por ciento del total de exámenes que adelantó en 2009 sobre presunta violencia sexual.

La violación de mujeres siembra el terror en las comunidades y genera desplazamiento forzado de los hogares y robo de tierras. Para el exministro Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, hasta ocho millones hectáreas habrían sido despojadas de sus legítimos ocupantes durante la guerra.

A contrapelo de disposiciones de la Corte Constitucional, los tribunales no están viendo en la práctica el conjunto y no tipifican los casos acorde con la normativa internacional que rige en Colombia, son algunas observaciones del informe de AI.(FIN/2011)

 

 

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